El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad registradas por PSPV y Compromís contra el proyecto de ley de la Generalitat para “mejorar” la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), al salir adelante la mayoría formada por PP y Vox.
Durante el debate, celebrado en la sesión del miércoles, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, instó a PSPV y Compromís a que “cambien su no por un sí” y respalden una reforma que, en sus palabras, hará posible “un sistema más garantista, más justo y más transparente”.
Albalat sostuvo que el modelo vigente arrastra “límites importantes” derivados de la excesiva burocracia y de unos requisitos que provocan que “personas que tendrían derecho no pueden acceder porque el sistema es inaccesible”. A ello sumó que “falta conexión real con el empleo y la formación”, lo que provoca que “la renta corre el riesgo de convertirse en una ayuda estática”. “Eso no es inclusión”, remarcó.
La consellera añadió que la actual renta valenciana de inclusión no responde adecuadamente a los “nuevos niveles de pobreza”, como los de “personas que trabajan y siguen siendo pobres, familias desbordadas, jóvenes encadenando contratos temporales, mayores que viven en soledad”. También consideró insuficientes la evaluación y los mecanismos de supervisión existentes.
Frente a este esquema, defendió que la propuesta de la Generalitat simplifica la RVI al pasar “de tres modalidades a una única prestación” y “libera a los servicios sociales municipales” al asumir la Conselleria la tramitación de los expedientes. Además, afirmó que “se va a acabar elegir entre trabajar o cobrar”, ya que “quien encuentre empleo podrá seguir recibiendo la renta mientras consolida su vida laboral”.
No obstante, el texto incorpora “una regla clara: si se rechaza una oferta laboral sin causa justificada se pierde la prestación”. “Reglas y deberes; eso también es justicia social”, defendió la titular de Servicios Sociales.
Paralelamente, se refuerzan los itinerarios de inclusión, la orientación laboral y la intervención social, y se amplía la cobertura a la infancia mediante complementos específicos destinados a familias con menores en situación de pobreza: “Es una obligación ética porque la desigualdad no se puede heredar”.
PSPV y Compromís se oponen a la reforma
En representación de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís registraron enmiendas a la totalidad. Por parte de los socialistas, Silvia Gómez recordó que la intención del Botànic cuando aprobó la RVI era que esta prestación no fuera “solo una transferencia económica, sino una herramienta para facilitar la integración social” y, aunque admitió que la ley debe “actualizarse”, avanzó que votarán en contra de cualquier cambio que no asegure el acceso de las personas vulnerables.
El diputado de Compromís Francesc Roig reivindicó que la RVI fue un “instrumento ambicioso” impulsado por el Botànic que ha proporcionado “oportunidades”, y aunque reconoció que es preciso “afinar y mejorar la norma”, rechazó la reforma “ahora y así, no”, al calificarla de “error garrafal” y reclamar volver al “punto de partida”. También pidió un “debate sin mentiras” y afeó a la consellera sus declaraciones al afirmar que “Rigor hubiera sido dimitir y convocar elecciones. Tiene nuestro sí”.
Desde el PP, Elena Bastidas acusó a los socialistas de vivir en un “mundo irreal” y de tratar de transformar “una cuestión técnica en alarma social”, algo que consideró “irresponsable” y además “falso”. Negó que la reforma implique una “regresión” y subrayó que no altera la “puerta de entrada al sistema”. En respuesta a Compromís, sostuvo que el objetivo de los ‘populares’ es que la RVI “funcione mejor” y no que “siga funcionando mal”.
Vox reclama que la RVI sea un verdadero instrumento de inserción
La diputada Miriam Turiel (Vox) también rechazó las enmiendas a la totalidad del PSPV y de Compromís y defendió que la RVI sea “compatible con el trabajo y no penalice” a quienes se incorporan al mercado laboral, de forma que funcione “como debe ser, como un instrumento de inserción, no de cronificación”.
Turiel destacó que el proyecto de ley de reforma “corrige una de las carencias esenciales” del marco anterior aprobado por la izquierda y negó que suponga una “regresión jurídica”. Reconoció, no obstante, que el texto no es “perfecto” y justificó en ello las 14 enmiendas registradas por Vox.
“No queremos que se beneficie con ayudas a aquellos que imponen esa cárcel de tela”, afirmó, al expresar el rechazo de su grupo a la “imposición del burka”. Asimismo, reclamó que de la RVI no se beneficien “los delincuentes”. “Defendemos la seguridad de nuestras calles y no premiar a quien delinque”, añadió.
Entre las propuestas de Vox, la formación de Santiago Abascal plantea que se garantice a los perceptores de la ayuda “el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país”, junto con “la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”. También reclama que la ocupación ilegal de una vivienda se tipifique como infracción “muy grave”.