El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a poner el foco en el “efecto llamada” que, a su juicio, provocará la regularización masiva de migrantes que impulsa el Gobierno central, una medida que ha tildado de “irresponsabilidad” y que, según ha advertido, generará “muchos problemas” en el país. Para hacer frente a este escenario, ha defendido que desde las competencias autonómicas se trabajará para “no permitir” que España “se convierta en un auténtico coladero”.
El jefe del Consell se ha pronunciado así durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que le había interpelado sobre cómo piensa reaccionar el Consell ante “la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles” tras “los últimos casos publicados”.
En su intervención, Llorca ha admitido que la okupación se ha transformado en un “problema real” y ha subrayado que las administraciones públicas tienen “la obligación de no esconderlo y de trabajar para que desaparezca”. A su entender, “esa es la realidad, sobre hipocresía y faltan ganas del Gobierno para afrontar esa realidad”.
Según ha expuesto, “algo falla cuando todos los países de nuestro entorno sin excepción están regulando y ordenando la inmigración y España está haciendo lo contrario”. Ha incidido en que “ningún gobierno de Europa está planteando un proceso de regularización masiva sin control penal de ningún tipo y, en cambio, en España sí lo están planteando. Es una irresponsabilidad y hay que decirlo claro”.
Llorca ha recordado que ya fue “muy claro” en el debate de investidura de hace unos meses, cuando asumió una serie de compromisos que, ha asegurado, va a respetar y que ya está “cumpliendo”, porque entiende la política como un ámbito en el que “cuando uno da la palabra, la tiene que cumplir”. “Estamos haciendo muchas cosas al respecto y vamos a seguir trabajando”, ha remarcado.
Críticas a la política migratoria del Gobierno y recursos en los tribunales
En este contexto, ha explicado que la Generalitat ha recurrido el decreto estatal sobre el reparto y traslado de menores a la Comunitat Valenciana y ha “anunciado” que el Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta ha concluido que el Gobierno “traslada a los menores vulnerando sus derechos y escondiendo los criterios que utiliza para asignarlos a una comunidad o a otra”.
A partir de esa resolución, Llorca ha señalado que “por lo tanto, ahora será el Gobierno el que tendrá que aclarar si van a prevalecer los intereses del menor o sigue prevaleciendo los intereses partidistas de seguir en La Moncloa”, al tiempo que ha recalcado que la justicia “ya ha dejado claro que hay una política errática migratoria por parte del Gobierno de España”. En esta línea, ha celebrado que los tribunales “le está dando la razón a la Generalitat y está anulando todas las resoluciones de traslado de menores que se han producido aquí”.
Además, ha recordado que en su investidura también se comprometió a impulsar los planes de reunificación en los países de origen de los menores con sus progenitores. En este punto, ha avanzado que se está cerrando la firma de un acuerdo con uno de esos Estados y que la Administración autonómica ha abierto la puerta a iniciar negociaciones con otros países.
Igualmente, ha puesto en valor que se comprometió a reforzar las garantías y controles en las pruebas de determinación de edad de los menores que llegan a la Comunitat y ha asegurado “con rotundidad que eso se está haciendo”. Paralelamente, la Generalitat mantiene su exigencia al Ejecutivo central para que “se ponga en marcha ya” el sistema integrado de vigilancia exterior en la costa valenciana.
El Consell también ha dirigido una petición al Ministerio del Interior para que incorpore la nacionalidad en los datos y estadísticas de delincuencia, “como ha hecho el País Vasco o como ha hecho Cataluña, que ya saben todos quién gobierna o quién les apoya en el gobierno”, ha apuntado.
En este mismo marco, ha considerado prioritario insistir ante el Ministerio para que aumente y ejecute los fondos destinados a la mejora y construcción de nuevas dependencias de la Guardia Civil, que necesitan “muchísimos municipios”, así como de la Policía Nacional, además de reclamar un refuerzo de los efectivos.
Medidas frente a la okupación y propuestas de Vox
Respecto a la okupación ilegal, el 'president' ha reiterado su compromiso con la protección de los “legítimos propietarios” de las viviendas. Para ello, ha destacado la puesta en marcha de una Oficina de Atención a las Víctimas de la Okupación, “que garantiza que las víctimas reciban atención integral, completamente gratuita, asegurando la proximidad del servicio en todo el territorio”.
Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha recalcado la urgencia de que las calles valencianas “vuelvan a tener seguridad” y ha defendido que este objetivo “forma parte de los mínimos de bienestar que merecen los ciudadanos”. Ha añadido que las cifras de delincuencia de inmigrantes en situación irregular “asustan en Europa” y ha interpretado que, por este motivo, “se están dando pasos para revertir el efecto llamada a la inmigración ilegal y descontrolada, salvo países que pretenden reemplazar a sus nacionales por extranjeros de culturas que no respetan los derechos humanos”, algo que, a su juicio, sucede en España.
Llanos ha resumido su postura con un mensaje contundente: “Quien venga ilegalmente, deportación inmediata; quien venga legal o ilegalmente y cometas delitos en España, repatriación inmediata; y quien venga a vivir del esfuerzo de los españoles, imponer sus costumbres y denigrar las nuestras, nuestra cultura, nuestro modo de vida, y a no trabajar, repatriación inmediata. A su casa. Así de claro. Así de lógico. Así de sentido común. Y los menores, con sus padres”.