El Colegio de Economistas Valencianos (COEV) ve “muy conveniente” poner en marcha un observatorio de simplificación administrativa y eficiencia procesal, ligado al proyecto de ley contra la hiperregulación administrativa que se está tramitando en Les Corts a partir de un decreto del Consell aprobado a finales del pasado año.
Este observatorio, tomando como referencia el modelo de la AIReF, se concibe como un organismo independiente encargado de elaborar estudios e informes que permitan conocer con detalle cómo funcionan los procedimientos administrativos “para conseguir esa mejora continua que debe caracterizar toda organización”.
Así lo ha defendido el presidente del COEV, Juanjo Enríquez, durante su comparecencia este martes en la comisión de Economía de Les Corts, en el marco del proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de ley de la Generalitat de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado.
El decreto que sirve de base a esta iniciativa constituye la segunda fase del plan de simplificación administrativa, suprime o modifica 96 normas y fija el compromiso de que cada nueva regulación incorpore la eliminación de redundancias normativas. Entre otros aspectos, incide en los plazos para otorgar licencias de obra de vivienda o para el reconocimiento del grado de dependencia.
El decano de los economistas valencianos ha valorado positivamente el enfoque y los objetivos de la norma, centrados en simplificar trámites y acelerar procesos, al entender que en la actualidad estos fines “no se cumplen”.
Además de la aprobación de una ley de simplificación administrativa, ha subrayado la importancia de contar con una evaluación constante de la aplicación real de los procedimientos, de los tiempos de tramitación, de las demoras, de los incumplimientos y de su impacto tanto en la administración como en la ciudadanía, con especial atención a los supuestos de declaración responsable.
Modelo de declaración responsable y control a posteriori
En este contexto, ha insistido en la conveniencia de impulsar un observatorio de simplificación administrativa y eficiencia procesal, junto con la transición desde un sistema de control previo basado en licencias administrativas a otro articulado en torno a la declaración responsable y al control a posteriori, con o sin certificaciones técnicas en función de cada caso.
Para que esta transformación sea viable, Enríquez ha recalcado que el nuevo esquema demandará “la mayor claridad y concreción” en las normas que regulen los distintos procedimientos.
“Creemos que el apoyo de la declaración responsable en la certificación técnica acreditativa puede ser, en numerosos casos el modelo que mejor combine agilización y seguridad jurídica”, ha remarcado.
Sanciones por incumplir plazos y proyectos habitacionales
En relación con el principio general de reducción de plazos y la simplificación del certificado del silencio administrativo previsto en el proyecto de ley, el decano ha respaldado estas iniciativas, aunque ha advertido de que “no basta la simple obligación normativa si no existe una consecuencia por su incumplimiento”.
Por ello, considera que “deberían establecerse algún tipo de sanciones, incluso pecuniarias contra el órgano administrativo incumplidor y a favor del administrado perjudicado”.
En materia de urbanismo y vivienda, ha valorado la creación de la figura del proyecto habitacional local, concebido como instrumento excepcional para aumentar la oferta de vivienda protegida en un escenario de emergencia habitacional ampliamente reconocida.
“Precisamente por ello consideramos necesario incorporar la posibilidad de la iniciativa privada para promover o proponer actuaciones susceptibles de tramitación como proyectos habitacionales locales”, ha agregado.
En términos generales, el decano del COEV ha reivindicado el papel de los economistas y su aportación a esta ley: “Los economistas somos profesionales clave en todas las empresas” y los “asesores de cabecera” de miles de negocios en la Comunitat Valenciana, lo que les permite conocer de primera mano “el elevado coste de cumplimiento y de demora que un exceso regulatorio supone para las empresas de todos los tamaños”.