El Partido Popular (PP) ha defendido la propuesta de Vox de incluir en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 categorías separadas para «población nacional» y «población migrante». El partido asegura que esto no constituye un acto de racismo sino una forma de «recoger información», una práctica que, según ellos, también realiza el Gobierno en sus estudios sobre inmigración.
Por otro lado, Vox sostiene que su propuesta promueve la «total transparencia» en los «datos informativos» para gestionar adecuadamente los recursos destinados a la «inmigración masiva y descontrolada». Sin embargo, partidos como PSPV y Compromís han expresado preocupaciones sobre la posible «inconstitucionalidad» de dicha propuesta y su conflicto con las leyes de protección de datos.
En una rueda de prensa reciente, las posturas de los grupos parlamentarios quedaron claras. Vox también ha solicitado que se distingan varios aspectos socioeconómicos entre «población nacional y migrante», como la contribución al estado del bienestar y el uso de servicios públicos, sugiriendo incluso diferencias por género y edad en el ámbito laboral.
Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha instado a «no caer en la trampa de la izquierda», argumentando que solicitar datos no es racista per se, sino que depende del uso que se les dé. Asegura que los datos recabados serán utilizados para «intentar mejorar la vida» de los migrantes. Aunque no quiso evaluar las intenciones de Vox sobre el uso de estos datos para «controlar la inmigración ilegal», sí garantizó un manejo responsable de la información en las instituciones gobernadas por el PP.
El debate continúa mientras la oposición, representada por figuras como José Muñoz y Joan Baldoví, planea medidas legales y denuncias, argumentando que la propuesta podría ser tanto racista como ilegal y atentar contra la privacidad y la integridad de las personas.