El Partido Popular ha introducido una proposición no de ley en Les Corts, instando al Gobierno de España a financiar «con la máxima urgencia» la ley ELA. La propuesta exige que se asignen fondos específicos y adecuados para el desarrollo completo y la aplicación de esta ley, «garantizando así su implementación efectiva en todas las comunidades autónomas».
Además, solicita la creación de «mecanismos de coordinación y seguimiento» entre el gobierno central y las comunidades autónomas para asegurar una implementación uniforme de la ley a nivel nacional y prevenir disparidades en el acceso a los servicios y beneficios estipulados.
En una tercera instancia, el PP demanda que en los siguientes Presupuestos Generales del Estado se incluya una financiación «estable y finalista», que se destine a alcanzar los objetivos de la Ley ELA, poniendo énfasis en «la atención domiciliaria, la asistencia personal, el apoyo psicológico, la rehabilitación y la accesibilidad universal».
Nieves Martínez, portavoz de sanidad del PP, ha criticado la demora del gobierno de –Pedro– Sánchez en asignar presupuesto a esta ley esencial, destacando la urgente necesidad de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras afecciones complejas de obtener mejoras en su calidad de vida. «En la Comunitat Valenciana hay actualmente 430 casos, son personas que se sienten defraudadas y abandonadas. No pueden tolerar más esta prolongada situación insostenible. De hecho, desde la aprobación de la ley el año pasado, tres pacientes al día han fallecido por ELA. Es cruel negar los recursos vitales para salvar vidas y elevar la calidad de vida de estos enfermos terminales», enfatizó.
La diputada ha hecho énfasis en que es vital una dotación presupuestaria adecuada y duradera que asegure la completa implementación de la Ley ELA a nivel nacional, permitiendo a las comunidades autónomas ejecutar las medidas necesarias con los recursos requeridos. Asimismo, ha alabado las acciones del Consell liderado por Carlos Mazón, resaltando la asignación de fondos en el último presupuesto para ayudas directas y la creación de unidades interdisciplinares de atención para pacientes con ELA.
Martínez concluyó señalando que la ley, aprobada en 2024, fue un gran avance en derechos sociales y atención sociosanitaria, permitiendo una cobertura completa y equitativa en todo el país, pero subrayó la necesidad de recursos económicos suficientes para no dejar desprotegidos a los afectados y sus familias.










