El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha remitido a la Agencia Antifraude un paquete de 1.580 facturas emitidas por el Ayuntamiento de Morella (Castellón) a compañías vinculadas a Francis Puig, hermano del que fuera ‘president’ de la Generalitat Ximo Puig, correspondientes a ejercicios desde 2010, con el fin de que el organismo extienda hasta ese año la investigación ya abierta sobre la supuesta contratación irregular de publicidad institucional por parte del consistorio entre 2020 y 2023.
El síndic adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, y el diputado Jesús Lecha se han desplazado a la sede de Antifraude para registrar nuevas facturas localizadas del Ayuntamiento de Morella “sin ningún contrato previo”, según detalla la formación en un comunicado remitido a los medios.
En esta nueva remesa, los ‘populares’ han incorporado facturas a nombre de las empresas de Francis Puig abonadas “bajo el mismo sistema de sin expediente de contratación hasta alcanzar la cifra de 1.580 facturas por un importe mínimo de 721.762, 66 euros”. Desde el PP subrayan que se trata de pagos “a las empresas del imputado Francis Puig sin proceso de licitación ni contratación ninguno”.
Asimismo, han advertido de que el volumen económico “puede resultar sustancialmente superior cuando la propia AVA solicite las facturas al Ayuntamiento”. En este sentido, recuerdan que, en los ejercicios ya revisados, “las cifras reales de gasto se han incrementado un 17,5 por ciento con respecto a la documentación entregada por el concejal del PP”.
La formación sostiene que el Ayuntamiento de Morella llegó a contar “hasta 13 órganos municipales de contratación diferentes que han abonado facturas a la empresa del hermano de Puig incluso con la posibilidad, tal y como señala Antifraude, de realizar fraccionamientos de contrato”.
Al hilo de ello, el diputado Jesús Lecha ha explicado que el “promedio de facturas pagadas al año a las dos empresas de los Puig (Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL) es de 120, por un importe medio de 55.000 euros, lo que demuestra que había una planificación anual en los servicios publicitarios que obligaban a formalizar un contrato inexistente”. “De hecho, hay una resolución de alcaldía reciente que certifica que en los archivos municipales no consta ningún contrato suscrito con estas empresas”, ha añadido.
“OBSTÁCULOS, PRESIONES POLÍTICAS Y FALTA DE INFORMACIÓN”
“Llevamos años recabando información pese a los obstáculos, las presiones políticas en el municipio y la falta de información”, ha manifestado el parlamentario ‘popular’, que ha recordado que, en abril de 2023, el PPCV ya puso a disposición de Antifraude un total de 629 facturas sin contrato desde 2015 por un montante superior a los 400.000 euros y que la agencia “ya ha emitido una notificación con la resolución final de investigación en la que se concluye la existencia de irregularidades”.
Lecha ha considerado “evidente que el clan Puig organizó una red para obtener subvenciones, con una red forjada durante años para obtener dinero público: primero en el Ayuntamiento de Morella donde Ximo Puig fue alcalde, y luego durante sus ocho años como president de la Generalitat”. “Son casi 30 años de expolio de las arcas públicas con un entramado organizado para beneficiarse de forma irregular del dinero de todos los valencianos”, ha denunciado el diputado autonómico.
El también concejal morellano ha remarcado que, “además de la resolución de Antifraude, el Ministerio público ha pedido cuatro años de cárcel para Francis Puig por delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de ayudas públicas de la Generalitat”. “Ha llegado el momento de que Ximo Puig asuma responsabilidades políticas, devuelva el dinero que su familia ha cobrado indebidamente y abandone la vida pública”, ha reclamado, insistiendo en que el caso debe tener consecuencias políticas además de las judiciales.