PP y Vox han dado luz verde en Les Corts a una iniciativa que plantea la adopción de medidas urgentes en la Comunitat Valenciana “frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias”. Entre las actuaciones previstas figuran el impulso de acuerdos para la reintegración en sus países de origen de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Generalitat, así como la puesta en marcha de un programa de retorno voluntario y reintegración que facilite a las personas migrantes regresar a su lugar de procedencia.
La propuesta original de los de Santiago Abascal, debatida el martes y aprobada este miércoles, instaba al Consell a pedir al Gobierno de España que procediera a “la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación” y a “la deportación de cualquiera que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya”. También reclamaba poner fin a las “políticas de efecto llamada”, suspender la cooperación al desarrollo “con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios” y publicar estadísticas periódicas “relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva”.
Sin embargo, el PP registró a última hora del lunes una enmienda para eliminar la exigencia al Consell de divulgar estas estadísticas y matizar la petición al Ejecutivo central de repatriar a “todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación”, de forma que se limitara a quienes hubieran cometido “cualquier delito o infracción grave”. Además, los 'populares' modificaron la demanda de Vox de fijar “la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles”, sustituyéndola por el planteamiento de que las prestaciones económicas que perciban estas personas “se liguen a la búsqueda activa de empleo”.
El PP también introdujo cambios en la reclamación de Vox al Gobierno para acometer “las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica”, incorporando la referencia a su carácter “excepcional, efectivo y comprobable” y subrayando que debe reconocer “el esfuerzo real de quienes viviendo entre nosotros trabajan, respetan la ley y contribuyen. Una oportunidad individual para quienes han demostrado con hechos su compromiso con España”. No obstante, a primera hora del martes, los 'populares' presentaron una nueva enmienda para suprimir por completo este bloque de exigencias dirigidas al Gobierno de España que ellos mismos habían retocado.
El PP defiende "ordenar" la inmigración
En los pasillos de Les Corts, antes del pleno del martes, el síndic del PP, Nando Pastor, confirmó esta última enmienda y avanzó que “parece ser que Vox la aceptará” al haberse consensuado con este grupo, de modo que su formación respaldaría la iniciativa de los de Abascal, aunque pidió “esperar al debate”. Pastor sostuvo que el texto quedaba así “un poco en consonancia” con el modelo del presidente de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, de “regular el fenómeno de la migración” y “intentar hacer todo compatible, pero regularlo y ordenado de alguna manera”. “Lo que Illa dice textualmente que las cosas están bien pero hay que ordenarlas, hay que regularlas”, remarcó, insistiendo en que ambas formaciones no reclaman “que se expulse nadie”.
Choque político en el hemiciclo
Durante el debate en el pleno, celebrado el martes por la tarde, David Muñoz (Vox) defendió la PNL de su grupo y la justificó ante la actual “crisis migratoria sin precedentes”, cuyas consecuencias, dijo, “las sufren los de siempre, los ciudadanos de a pie”. “Nuestras calles y barrios están convirtiéndose en terreno de caza de delincuentes y violadores”, afirmó. A su juicio, las peticiones recogidas en la propuesta responden a compromisos asumidos por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su investidura para obtener el apoyo de Vox. Aunque reconoció que el Consell “está trabajando la mayoría de las cuestiones”, consideró preciso “darles un impulso”.
Desde el PP, Lucía Peral acusó al Gobierno central de eludir sus obligaciones en materia migratoria y dejar al “país a la deriva”, frente a lo que reivindicó el plan de su líder, Alberto Núñez Feijóo, para una “inmigración ordenada”. Señaló que su grupo coincide “en gran parte” con Vox, pero no con todas sus “soluciones”, motivo por el que han presentado enmiendas a sus propuestas. En la oposición, Rocío Ibáñez (PSPV) calificó la PNL como “un panfleto ideológico basado en el miedo” e Isaura Navarro (Compromís) reprochó a PP y Vox que conviertan a las personas migrantes en “el enemigo de la sociedad”: “Los queréis pobres y desesperados, que tengan miedo de ser expulsados”.
Prórroga para la central nuclear de Cofrentes
En otro punto del orden del día, el pleno de Les Corts aprobó también, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley del grupo 'popular' para prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) más allá de 2030, fecha en la que está previsto su cierre.