El próximo martes, socios parlamentarios del Gobierno, entre los que se encuentran Esquerra (ERC), Bildu, el PNV, el BNG, Compromís y miembros de Sumar, como los Comuns y Mes per Mallorca, llevarán al Pleno del Congreso una proposición de ley orgánica. Esta iniciativa busca que los textos en catalán, euskera, gallego o valenciano tengan carácter oficial en todo el territorio español, eximiendo la necesidad de traducirlos al castellano frente a la Administración.
Esta proposición de ley, redactada inicialmente por el ex portavoz de ERC Joan Ridao, es un esfuerzo para «compensar y corregir lo que consideran «el desequilibrio y error histórico» de dar un trato de preferencia al castellano, según los firmantes. La ley propuesta también incluye requisitos de conocimiento lingüístico para acceder a cargos en la administración de justicia en regiones con una lengua oficial diferente al castellano y la aceptación de documentos judiciales sin necesidad de traducción.
Esta ley no solo aborda la administración de justicia, sino que también aplica a la contratación pública y regula sectores como el consumo, la seguridad, el transporte y la comunicación audiovisual, fortaleciendo el uso de las lenguas cooficiales. En educación, la norma establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente la lengua vehicular, asegurando el dominio de dicha lengua y del castellano al finalizar la educación básica.
Los promotores de la propuesta han mostrado apertura a la inclusión de otras fuerzas políticas, aunque inicialmente Junts ha declinado participar. A pesar de ello, los proponentes esperan que reconsideren su posición y se unan a la iniciativa. Por su parte, los socialistas, que trabajaban en una propuesta similar, parecen dispuestos a considerar esta ley aunque admiten que hay aspectos que les resultan complejos, especialmente los que involucran al Poder Judicial.