El PSPV, Compromís y Vox han reclamado este viernes la renuncia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que acusan de "hacer negocio con la vivienda mientras la gente no puede acceder a un piso" tras el "escándalo" y los "chanchullos" vinculados a las VPP. Las formaciones de izquierdas también interpelan al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por qué "siempre que tienen oportunidad de construir vivienda pública se la dan a sus altos cargos", mientras que Vox insiste en que se investiguen las presuntas irregularidades "caiga quien caiga".
Las críticas se producen a raíz de una información de 'elDiario.es' que apunta que la esposa del primer edil mantiene en alquiler una VPO adquirida en 2006 y en la que nunca habría residido. A partir de esta revelación, los distintos grupos han fijado posición ante los medios para exigir responsabilidades políticas y aclarar lo ocurrido con la vivienda protegida.
El secretario general de Juventudes Socialistas de España y diputado en el Congreso por Valencia, Víctor Camino, ha reclamado la dimisión inmediata de Barcala y ha censurado que el modelo del PP en materia de vivienda es "siempre el mismo: beneficiar a constructoras, a promotores y también a gente con carnet del PP". A su juicio, este caso ejemplifica una forma de gestionar la vivienda pública que deja fuera a quienes más la necesitan.
Camino ha respondido también a las palabras del alcalde de Alicante: "Hoy decía que había una campaña sucia contra él y lo sucio es hacer negocio de la vivienda y quedarse con vivienda pública. Y eso es lo que tiene que saber el PP, porque no es un caso aislado. Ocurre con la mujer del alcalde, con familiares y con gente vinculada al PP de Alicante". Para el dirigente socialista, el "ataque" del que habla Barcala es, en realidad, "contra la ciudadanía de Alicante y contra la decencia de la Comunitat Valenciana, contra los jóvenes que quieren acceder a una vivienda".
En este contexto, ha exigido al PP que explique "por qué su modelo expulsa a gente decente de la vivienda y por qué siempre que tienen oportunidad de construir vivienda pública se la dan a sus altos cargos". "Es una vergüenza y tiene que dimitir", ha reiterado, al tiempo que ha señalado que el 'president' Juanfran Pérez Llorca "debe también hacer una reflexión" y "abandonar" el Consell para que la Comunitat Valenciana "pase página" y la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "pueda liderar la higiene, la decencia y, sobre todo, una democracia más limpia".
“Se aprovecha de la vivienda pública para hacer negocio”
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha subrayado que Barcala debe dejar el cargo "de forma inmediata" tras el "escándalo" de la vivienda protegida de Alicante que, a su entender, "constata que el modelo del PP se basa en el chanchullo para que familiares, amigos y cargos se queden con todos los pisos que quieran". Ha insistido en que la situación evidencia un uso partidista de la vivienda pública.
Baldoví ha recalcado: "Hoy hemos sabido que la mujer de Barcala alquila un piso de protección oficial, un piso en el que nunca ha vivido. Es una vergüenza. Esta gente se aprovecha de la vivienda pública para hacer negocio", al tiempo que ha recordado que "hay 5.000 familias de Alicante en lista de espera, gente que realmente necesita una vivienda de protección pública y todo esto es intolerable". Para el portavoz de Compromís, la vivienda protegida "es un derecho, no un negocio" y, por ello, defiende "blindar las condiciones para acceder, restablecer los controles que esta gente ha eliminado y evitar que todo esto vuelva a pasar".
Vox cree que Barcala tiene responsabilidad política
Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, considera que lo ocurrido con la esposa del alcalde es "otra presunta irregularidad más" y sostiene que Luis Barcala "tendría que retirarse, que dimitir" por las "irregularidades en la adjudicación de la vivienda de protección pública" del complejo Les Naus y porque "si se confirman estas nuevas irregularidades que afectan a su entorno familiar" ello "engrosaría los motivos". "Pero consideramos que tiene una responsabilidad política", ha subrayado.
Llanos ha señalado que "la calificación moral la dejamos un poco aparte, lo cierto es que las viviendas de protección oficial, en principio, son para habitar", y ha garantizado que "toda presunta irregularidad que se cometa va a ser perseguida por Vox". "Somos firmes contra la corrupción", ha enfatizado, dejando claro que su formación respaldará las pesquisas sobre las adjudicaciones de vivienda protegida.
Estas declaraciones llegan un día después de que el pleno de Les Corts aprobara la propuesta de Vox para poner en marcha una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan y objeto de polémica por haber resultado beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas de su entorno, así como sobre "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura". La iniciativa prosperó con el apoyo del PP y Compromís y la abstención del PSPV.
Socialistas y Compromís habían registrado sus propias propuestas de comisión de investigación sobre el caso de Les Naus, pero el PP las rechazó alegando que los grupos de izquierda pretenden "manchar la política" del Consell. En relación con la nueva comisión, Llanos ha avanzado que el plan de trabajo que planteará Vox no será "cerrado", sino que quedará abierto para incorporar posibles nuevas irregularidades relacionadas con el objeto de la investigación.
"Estamos dispuestos y, además, creemos que es procedente ampliar ese plan de trabajo" si aparecen más casos, ha añadido el síndic de Vox, quien ha reiterado que, de haberse cometido irregularidades, "hay que perseguirlas caiga quien caiga" y depurar "todas las responsabilidades" que correspondan.