En un discurso reciente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado a varias comunidades autónomas controladas por el Partido Popular (PP), incluyendo Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares y la Comunitat Valenciana, acusándolas de redirigir los 300.000 millones de euros adicionales de financiación autonómica de la Administración General del Estado “para beneficiar a unos pocos privilegiados; a los mismos, por cierto, que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares”.
Además, Sánchez ha criticado duramente la decisión de los gobiernos del PP de rechazar una reducción de deuda de casi 60.000 millones de euros, una medida que habrían solicitado previamente y que representaría un ahorro anual de 6.700 millones de euros en intereses. El presidente ha destacado que esto supone “1.000 millones de euros más de lo que dedican al año todas las comunidades del PP a financiar sus universidades públicas”.
En la misma línea, durante su participación en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de destinar el 55% de las transferencias del Gobierno central a “regalos” fiscales para grandes fortunas y empresas, algunas de las cuales están vinculadas con su entorno más cercano. Sánchez ha mencionado directamente a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien enfrenta acusaciones por delitos fiscales y falsificación documental.
Sánchez también ha subrayado que, entre 2019 y 2025, el Gobierno ha transferido a Madrid 130.000 millones de euros, “43.000 millones de euros más” en comparación con la gestión anterior de Mariano Rajoy, criticando que solo el 45% de este monto se haya dirigido a servicios públicos.
Finalmente, el presidente ha instado a sus diputados, senadores y eurodiputados a luchar contra lo que considera “un ataque sin precedentes al Estado del Bienestar” y a evitar que “los derechos de la mayoría se conviertan en mercancías para el negocio de unos pocos”.