María Amparo López Boluda, una de las gestoras de llamadas del servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha rebatido este lunes la versión del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al afirmar que “es absolutamente imposible” que desde su departamento no se remitiera información al Cecopi. “Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”, ha remarcado.
La trabajadora ha comparecido ante la comisión del Congreso que analiza la actuación ante la riada que causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, donde ha detallado que la sala de recepción de avisos telefónicos se ubica en un inmueble adyacente al edificio en el que se reunió el Cecopi aquel día.
El diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, le ha planteado la versión defendida por Argüeso ante el juez, según la cual en el Cecopi no llegaban datos procedentes del 112. La compareciente fue llamada a trabajar como personal “de refuerzo” por la “preemergencia” decretada, y ha subrayado que en esa jornada “estuvieron trabajando todos los efectivos”.
López Boluda ha subrayado que, de acuerdo con la normativa valenciana, el Cecopi debe activarse cuando se declara una “preemergencia” como la de aquella alerta roja, lo que convertía la situación en algo “excepcional”. “Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión”, ha reiterado ante los diputados.
En su intervención ha señalado que en episodios de este tipo “todo está protocolizado” porque “no cabe dar pie al error” y que los datos que se reciben en el 112 se trasladan a las distintas agencias —colaboran con 123—, entre ellas Emergencias de la Generalitat (Emergen), que, a su entender, “estuvo haciendo su trabajo muy bien”.
“O sea, que esa información la tenían”, ha enfatizado, al tiempo que ha reconocido que le “sorprende” que, a partir de ahí, no se diera un “paso más”, ya fuera por “desconocimiento” o por cualquier otra razón.
MÁS RECURSOS Y NO SUBCONTRATAS
Ibáñez también le ha cuestionado si en el servicio supieron que Argüeso habría utilizado su puesto para “preocuparse por casos particulares cercanos a él”. López Boluda ha respondido que este extremo se ha expuesto en sede judicial por una persona que estaba “bajo promesa o juramento de decir la verdad”.
Además, la gestora del 112 ha reclamado un refuerzo de medios humanos y materiales y el fin del modelo de subcontratación con el que actualmente se presta el servicio. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, ha defendido, criticando que su relación laboral se regule por un “convenio de contact center”.
“Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, ha concluido, dejando entrever su malestar con las condiciones laborales.