La Unió Llauradora ha expresado su «profunda preocupación» frente al nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que instaura «un contingente arancelario de entrada a la UE de 500.000 toneladas de frutos secos (almendra, nuez, pistacho y otros) de Estados Unidos con arancel 0%», como ha indicado la entidad en una nota de prensa.
La organización ha propuesto dos enmiendas a los eurodiputados durante reuniones recientes en Bruselas para excluir los frutos de cáscara del contingente arancelario descrito en el Anexo III, con el fin de «garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE».
En una segunda enmienda, La Unió solicita eliminar cualquier mención a estos productos en el preámbulo del Reglamento para asegurar la claridad jurídica y la coherencia legislativa interna, protegiendo así un sector clave para la economía y el medio rural europeo. Agradecen especialmente a Compromís y al eurodiputado valenciano Vicent Marzà por apoyar estas modificaciones.
Carles Peris, secretario general de La Unió, ha declarado que «esta decisión representa una amenaza seria e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo y, en particular, para las explotaciones de secano de la Comunitat Valenciana». Además, ha criticado que «las importaciones masivas permiten que los grandes industriales fabriquen turrones bajo marcas de calidad como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante sin señalar la procedencia, aprovechando una marca vinculada al territorio para transmitir un mensaje engañoso al consumidor».
«COMPETENCIA DESLEAL» PARA UN SECTOR «DECISIVO», ha subrayado La Unió, destacando la importancia del sector de los frutos secos para la cohesión territorial, la adaptación climática y la sostenibilidad del paisaje agrario europeo. Han enfatizado que los estándares ambientales y laborales europeos no se aplican a las importaciones de EE.UU., lo que supone una competencia desleal y pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares.
Al final, la organización ha concluido que la apertura de este contingente arancelario de 500.000 toneladas representa «un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior», y que podría desencadenar consecuencias negativas como el abandono rural, pérdida de empleo y retrocesos en los objetivos ambientales de la UE.