Vox ha lanzado una propuesta en Les Corts para que el Consell del PP asegure que la Comunitat Valenciana adecúe su legislación a la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales recién aprobada, “que obliga a actuar con responsabilidad y a dotar a estos profesionales de las herramientas jurídicas, materiales y organizativas que merecen”.
La propuesta incluye la modernización del parque móvil, añadiendo vehículos con señales acústicas y luminosas y sustituyendo los más desfasados; la provisión regular de equipamiento técnico de campo; el desarrollo de una ley autonómica que sincronice la normativa con la estatal, renueve funciones, unifique la imagen corporativa y mejore la coordinación con otros cuerpos; el aumento de la supervisión en actividades como la caza, la prevención de incendios y la colaboración en emergencias; la contratación gradual de más personal; y la elaboración de estadísticas periódicas que “permitan conocer con rigor el estado del medio natural valenciano”.
“La Comunidad Valenciana no puede quedarse atrás. Nuestros agentes medioambientales trabajan en uno de los territorios más diversos y complejos ecológicamente de España y necesitan un respaldo normativo claro, moderno y eficaz. La nueva ley estatal marca un camino que debemos seguir sin dilación”, declaró el diputado Pepe Muñoz.
Según Vox, es fundamental que los agentes medioambientales se integren completamente en los equipos de gestión territorial, “trascendiendo su papel tradicional de vigilancia para convertirse en asesores técnicos y gestores de primera línea”. Además, subraya la necesidad de “potenciar su presencia sobre el terreno y dotarles de responsabilidad territorial clara para que puedan seguir garantizando la custodia y la correcta gestión de nuestros recursos naturales”.
Este grupo político aboga porque la nueva normativa valenciana conceda a los agentes medioambientales “el carácter pleno de agentes de la autoridad”, así como el rol de policía administrativa especial y policía judicial en un sentido amplio, con facultades para colaborar en la investigación de delitos ambientales bajo la supervisión de los tribunales y la Fiscalía.
“Sin respaldo jurídico no pueden realizar su labor con eficacia. No basta con buenas intenciones: necesitan seguridad legal para actuar frente a delitos ecológicos, agresiones a su autoridad y conductas que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural”, añadió.