Vox ha registrado este jueves en Les Corts una proposición no de ley en la que reclama instar al Consell a que pida al Gobierno de España que garantice “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y que incorpore este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos, los programas de vivienda y el sistema de prestaciones y pensiones públicas.
La iniciativa, impulsada por el partido que encabeza Santiago Abascal, se tramita por la vía de urgencia pocos días después de que la formación defendiera que el principio de “prioridad nacional” ya figuraba en el acuerdo de investidura del ‘popular’ Juanfran Pérez Llorca y de que este concepto se haya incorporado a los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.
El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha subrayado en un comunicado que la propuesta presentada en Les Corts “parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”.
En la misma línea, ha insistido en que el Estado y las instituciones “existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario”.
Llanos sitúa así la prioridad nacional como “eje central del debate político” y propone para la Comunitat Valenciana un modelo que Vox, según afirma, “ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España”.
Aplicación del principio y alcance político
Según el portavoz, la PNL “refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar”.
Fuentes del partido añaden que este planteamiento “ya ha comenzado a aplicarse en acuerdos de gobierno como los alcanzados en Extremadura y Aragón, donde la prioridad nacional se ha incorporado como eje de las políticas sociales”, y remarcan que la formación de Abascal pretende extenderlo “al conjunto de España”.
Vivienda, sanidad y ayudas sociales
En el ámbito de la vivienda, la proposición reclama que el Consell pida al Ejecutivo central que garantice “la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”, tanto para el acceso a vivienda protegida como para disfrutar de bonificaciones fiscales diferenciadas o recibir cualquier ayuda vinculada.
En materia sanitaria, Vox exige asegurar “la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del mismo.
La formación demanda igualmente que se fije la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y que se proceda a “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”.
Regularización de migrantes y normativa de extranjería
En paralelo, la iniciativa plantea derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal.
Vox propone además aprobar una norma reglamentaria que anule las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, con el objetivo de poner fin “al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal”.
Prestaciones, pensiones y asistencia jurídica
La proposición reclama también blindar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones, y promover “las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles”.
Por último, y respecto al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, el texto establece que la insuficiencia de recursos económicos se determine “atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen”. En cualquier caso, concluye, “no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional”.