La crisis de gobernanza abierta en Indra esta semana no ha tenido desenlace. Salvo sorpresas, Ángel Escribano llegará al consejo de administración ordinario del miércoles 25 de marzo en la misma posición en la que comenzó: al frente de la compañía, con el respaldo de los fondos de inversión presentes en el capital y sin haber recibido ninguna petición formal de dimisión por los cauces establecidos en la normativa societaria.
El detonante fue el comunicado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) remitió a la CNMV la noche del miércoles 18 de marzo, en el que condicionaba la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) a la resolución previa del conflicto de interés que representa que el presidente de la cotizada sea propietario de la empresa que esta pretende adquirir.
Escalada bélica sin precedentes
La crisis interna de Indra se desarrolla en la semana en que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dado su salto más peligroso.
El conflicto ha dejado de ser una guerra convencional para convertirse en una guerra de infraestructuras energéticas, con consecuencias directas sobre los mercados financieros globales, los planes de los bancos centrales y la urgencia con la que Europa está acelerando su rearme y su autonomía estratégica en defensa. En ese contexto, las compañías del sector cotizan con drmáticas alzas en todo el continente. Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo, Thales. Indra, el principal contratista de defensa español, cierra la semana con una caída acumulada del 16%, no por el mercado, sino por una disputa de gobernanza interna desatada por su propio accionista de control. La paradoja difícilmente podría ser más llamativa, acumulándose pérdidas en el entorno de los 1.600 millones, lo que ha borrado toda la revalorización acumulada desde la presentación de los resultados récord de 2025, publicados el 25 de febrero.
El mapa de poder: quién tiene los votos
La aritmética del conflicto explica por qué el Gobierno no ha podido ejecutar lo que varios medios anticipaban como un cese inminente. Con el 28% de la SEPI y el 7,94% de Sapa, el bloque gubernamental apenas alcanza el 35% del capital. Para forzar la destitución en junta de accionistas se necesita superar el 50%, lo que obliga al Ejecutivo a atraer a fondos institucionales que hasta ahora se han mantenido del lado de Escribano.
Los fondos accionistas -T.Rowe Price con el 3,71%, el vehículo inversor del científico David Shaw con el 3,5%, Millennium con el 1,06% y Kempner con el 1,01%- se han mantenido junto a Ángel Escribano, respaldado además por Amber Capital, el fondo de Joseph Oughourlian con alrededor del 6%, y por Third Point, que irrumpió recientemente en el capital y ha defendido públicamente la integración industrial.
El propio Escribano controla el 14,3% del capital a través de EM&E, lo que lo convierte en segundo accionista y le da una palanca de resistencia que no tenía, por ejemplo, el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, que no contaba con participación significativa en la compañía cuando fue relevado en enero de 2025.
La jugada de Escribano: retirar la fusión para eliminar el argumento
El jueves 19 de marzo, horas antes del consejo extraordinario convocado de urgencia, Javier Escribano comunicó en nombre de EM&E que la empresa se retiraba de la operación. La lógica era clara: si no hay fusión, desaparece el conflicto de interés que la SEPI invocaba para pedir su salida. El consejo extraordinario concluyó dando por finalizadas las negociaciones para la integración y dejando el siguiente movimiento en manos de la SEPI: o mantiene la presión exigiendo igualmente la salida de Escribano o da marcha atrás una vez eliminado el argumento del conflicto.
La maniobra descolocó a Moncloa. El argumento gubernamental ha evolucionado: si Escribano retira la fusión para evitar su salida, lo que hace es dejar a Indra sin la integración industrial que necesita para reforzar su capacidad en defensa terrestre y sistemas de armas.
¿Desescalada?
Según diversos medios, ayer, viernes 20 de marzo, Escribano se reunió con Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y hombre de confianza de Pedro Sánchez en asuntos empresariales. Según estas fuentes, la misma persona que en enero de 2025 le propuso para la presidencia de Indra fue quien, catorce meses después, le trasladó las razones por las que el Gobierno considera que su ciclo al frente de la compañía ha concluido.
La reunión no ha terminado en medidas concretas y en lo qeu parece un indicio de desescalada. Según estos medios Escribano sacó a reulicir el apoyo del consejo de administración y recordó los hitos de gestión conseguidos en poco más de un año: el beneficio récord de 436 millones, la cartera de pedidos duplicada hasta los 16.000 millones, los 140 acuerdos industriales firmados, el cumplimiento anticipado del plan estratégico. Moncloa no adoptó ninguna medida extraordinaria tras el encuentro.
El coste de la semana: 1.500 millones destruidos
La factura bursátil de la crisis es cuantificable y políticamente incómoda La SEPI, con su 28% del capital, ha encajado pérdidas superiores a los 400 millones de euros. El valor total destruido para el conjunto de accionistas supera los 1.600 millones, lo que devuelve la cotización a los niveles previos a la presentación de resultados de febrero, que habían impulsado la acción más de un 20% en una sola sesión.
Todo ello en un contexto geopolítico que debería favorecer precisamente lo contrario: el gasto en defensa europeo se acelera, los contratos de modernización militar se multiplican y las compañías del sector cotizan en máximos en toda Europa. La presión sobre la cúpula de su principal activo industrial en defensa ha llegado en el peor momento estratégico posible.
La segunda es el futuro de la integración industrial. Aparcada la fusión, Indra necesita un nuevo plan para ganar capacidades en fabricación de sistemas de armas terrestres, que era precisamente lo que EM&E aportaba. Sin esa integración, la posición competitiva del grupo en los grandes programas europeos de defensa se debilita en el medio plazo.
La tercera es la señal que el desenlace envía a los mercados internacionales sobre la capacidad del Estado español para actuar como accionista de referencia en empresas estratégicas sin introducir incertidumbre política en sus decisiones de gestión. Es la variable más difícil de cuantificar y la que más tiempo tardará en repararse.