La modernización del ámbito jurídico entra en una etapa distinta, marcada por la adopción de tecnologías avanzadas. Expertos de Minsait, la filial de Indra Group especializada en transformación digital, sostienen que este salto debe planificarse con una estrategia clara y bajo criterios de responsabilidad.
En esta línea, la manager de Estrategia de IA en Minsait, Leticia Gómez, ha defendido la incorporación de la Inteligencia Artificial al sistema judicial, aunque ha subrayado que su despliegue “debe basarse siempre en criterios éticos, aportar trazabilidad y tener supervisión humana para evitar comprometer los derechos fundamentales”.
“La Administración de Justicia es un terreno fértil para la IA, porque trabaja con grandes volúmenes de información desestructurada, conversaciones, correos electrónicos, grabaciones y documentos escaneados, y ahí la IA generativa ofrece una ventaja diferencial: puede organizar, clasificar y extraer evidencias preliminares en cuestión de segundos”, ha indicado Gómez en declaraciones a Europa Press.
Este impulso tecnológico se produce mientras los juzgados arrastran una fuerte sobrecarga de asuntos y tiempos de respuesta extensos en varias jurisdicciones. En ese marco, la automatización de tareas mecánicas —como la indexación de expedientes, la búsqueda avanzada de jurisprudencia o la detección de incoherencias en los procedimientos— permitiría liberar recursos y que jueces y letrados se concentren en el análisis jurídico de fondo.
Según la compañía, el reto pasa por encontrar un punto de equilibrio entre innovación y eficiencia en un entorno en el que coexisten riesgos y oportunidades. Por ello, Gómez ha remarcado la necesidad de fijar fronteras claras: “Un sistema completamente autónomo que decidiera sobre la libertad o la vida de una persona, vulneraría derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa”. A su juicio, “casos así no solo serían éticamente cuestionables, sino que “estarían prohibidos”.
La referencia se enmarca en la regulación europea sobre IA, que califica como de “alto riesgo” los sistemas que pueden incidir en derechos fundamentales y obliga a garantizar trazabilidad, mecanismos de auditoría y un control humano relevante.
LA IA COMO COPILOTO DEL NUEVO PROFESIONAL JURÍDICO
El escenario que se dibuja no es el de una Justicia totalmente automatizada, sino el de una Justicia apoyada por herramientas inteligentes, según remarca la empresa. En este contexto, el manager del sector legal en Minsait, Fernando Echávarri, destaca que “la IA no busca sustituir al jurista, sino redefinir su rol y amplificar su impacto”.
De esta transformación surge la figura del “abogado técnico”, un perfil mixto que combina el dominio del Derecho con capacidades en gobernanza del dato, ética de los algoritmos y cumplimiento normativo tecnológico.
En este modelo, la inteligencia artificial opera como un copiloto: procesa grandes volúmenes de información, estructura evidencias, detecta riesgos en contratos o señala posibles incumplimientos, mientras que el contexto, la ponderación de derechos y la decisión última siguen recayendo en profesionales humanos.
UNA NUEVA CULTURA JURÍDICA EN MARCHA
La compañía subraya que el cambio en curso trasciende lo puramente tecnológico y supone, ante todo, una transformación cultural. Integrar la IA en la Justicia “exige formación especializada, diálogo entre disciplinas y una comprensión clara de los límites éticos de la innovación”, ha remarcado Minsait, que insiste en que “solo así la tecnología puede reforzar y no debilitar las garantías procesales y la confianza ciudadana”.
En este marco se sitúan proyectos como la Cátedra LegalTech & IA Minsait-UV, promovida por la Universitat de València y Minsait, que busca preparar perfiles capaces de unir conocimiento jurídico y competencias digitales, combinando práctica profesional y análisis académico.
La responsable de la iniciativa, Grisel Giunta, describe esta propuesta como una “doble mirada”: la que enlaza la práctica institucional con la reflexión académica. Este planteamiento, explica, permite adelantarse a los desafíos del sector y entender cómo las nuevas generaciones están redefiniendo la relación entre el Derecho y la tecnología.