El parche antiapagones de Red Eléctrica, que encarece la luz y quiere hacer permanente, no convence a las comercializadoras independientes

Piden cambios en la ‘operación reforzada’ aplicada por Red Eléctrica para evitar otro apagón (que, teóricamente, era provisional y ahora se quiere hacer permanente) y sostienen que al operador le han faltado celeridad e incentivos para modernizar el sistema eléctrico

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (i), conversa con la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (d). Eduardo Parra/Europa Press.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (i), conversa con la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (d). Eduardo Parra/Europa Press.

El sistema eléctrico español está en pleno proceso de cambios y adaptación, que se ha acelerado notablemente después del apagón del 28 de abril. El operador único del sistema, Red Eléctrica (REE), ha tomado medidas para evitar otro fundido a negro –que no convencen a los usuarios (porque sube el precio de la energía) ni a las comercializadoras independientes–, mientras acelera unas reformas en el sistema que, teóricamente, darán tranquilidad a largo plazo.

Según los primeros informes sobre las causas del apagón, la inestabilidad no deriva del mix energético con renovables (inferior al de otros países europeos que, con mayor peso de éstas, no muestran tales inseguridades), sino de la capacidad del propio sistema de control de REE para manejar diferencias de tensión en un sistema que ha evolucionado y necesita de mejor tecnología.

¿Qué ha hecho Red Eléctrica para evitar otro apagón?

Grosso modo, lo que ha hecho REE (y que se ha denominado ‘sistema reforzado’) es aumentar el número de centrales (fundamentalmente de gas e hidráulicas) que están alerta para asegurar la estabilidad del suministro. Son los llamados ‘servicios de ajuste’, que, obviamente, hay que pagar. En concreto, como aseguró a Demócrata José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), su coste ha pasado de 240 a 2.400 millones de euros en 2024 y ya va por los 3.000 en el año actual.

Estas medidas antiapagones se aprobaron el pasado 20 de octubre. En principio, era una medida provisional, por un periodo de 30 días, prorrogables hasta un máximo de tres meses. El 19 de noviembre (un día antes de que se cumpliera el primer mes), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a petición de REE, acordó la prórroga por 15 días más. Pero desde el operador del sistema ya han dejado claro que consideran necesario que se inicie el correspondiente trámite de consulta pública para convertir estas medidas en permanentes, antes de que finalice el plazo máximo de tres meses.

Fuentes del sector aseguran que esto supondría una clara contradicción con los planes de descarbonización para evitar cuanto antes la dependencia de combustibles fósiles, como el gas, de terceros países fuera del perímetro de la UE, y una ineficiencia en el aprovechamiento de todo el potencial de las renovables, que, además de ser energía más barata, puede aportar control de tensión dinámico al sistema y contribuir a la firmeza del mismo, sin necesidad de volver a impulsar otras fuentes de generación del pasado.

Y aseveran también que es un desincentivo para la inversión extranjera en energías renovables”, ya que, para evitar apagones, en algunos momentos Red Eléctrica retira la producción de algunas plantas fotovoltaicas para ser sustituidas por otras.

Cargos y no peajes

Esas medidas (teóricamente provisionales, aunque puede que no lo sean) han provocado un aumento en el precio de la factura, que ya están sufriendo los clientes del mercado regulado y que, probablemente, también llegará a los del mercado libre (que en su mayoría tienen acuerdos por un precio fijo anual), cuando tengan que renovar el contrato.

Y es también un contratiempo para las comercializadoras independientes con contratos anuales, que no van a cambiar las reglas del juego con el cliente a mitad de partido. Por ello, el presidente de la Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE), Julio César Nieto, pide que esos servicios de ajuste pasen a ser un coste regulado del sistema, y, por ende, se incluyan dentro de los ‘cargos’ de la factura. Las comercializadoras, explica Nieto, para establecer un precio, “hacen una estimación, que basan en las cifras históricas, pero no pueden saber si va a venir un suceso sobrevenido”.

Si los ‘servicios de ajuste’ se regulan en ‘cargos’, explican otras fuentes conocedoras del sistema, “las comercializadoras podrían hacer previsiones a principios de año y, si al final hay desajustes, se compensaría”.

Las renovables controlando la tensión

El sistema reforzado de Red Eléctrica, sostiene el presidente de ACIE, tienen su raíz en la “falta de celeridad anterior”, principalmente en lo que se refiere a la aprobación del Procedimiento de Operación (PO) 7.4 (acelerada tras el apagón), que permitirá a las renovables participar en el control de tensión. Desde REE coinciden en que la participación de las renovables en esa vigilancia contribuirá a que el sistema esté mejor preparado, pero el operador no se siente tan seguro como sus homólogos en otros países de nuestro entorno, de ahí que hayan pedido la permanencia de las medidas antaño excepcionales.

“Hace tiempo que venimos viendo como las renovables van desplazando a las convencionales, pero son éstas las que siguen controlando la tensión. REE no se ha levantado un día con el boom del autoconsumo y las renovables. Ha faltado previsión, porque el 28 de abril no fue el primer día con niveles bajos de tensión”.

En una reflexión más amplia, las fuentes consultadas afirman que el sistema de Red Eléctrica “se ha quedado obsoleto y no ha tenido incentivos para modernizarse”.

Y esto, explican, tiene mucho que ver con la petición de que el sobrecoste se incluya en los “cargos” de la factura y no en los “peajes”, puesto que estos segundos ya van a subir (encareciendo aún más el recibo) cuando llegue el definitivo acuerdo sobre la conocida como tasa de retribución financiera, es decir, el dinero que se le garantiza a las distribuidoras por las inversiones que éstas hagan en la red, y que se paga entre todos los consumidores –a través de los antedichos ‘peajes’– en la factura.

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