El próximo 20 de enero llegará la propuesta oficial de la nueva Ley de Redes Digitales de la UE (Digital Networks Act –DNA–). El sector digital en España considera clave que se aborde la asimetría entre operadores y grandes plataformas digitales, que concentran más del 50% del tráfico sin contribuir proporcionalmente a los costes.
El objetivo primigenio era que la propuesta oficial de la Ley de Redes Digitales de la Unión Europea (Digital Networks Act –DNA–) llegara en el último trimestre de 2025, tal y como se indicaba en su programa de trabajo anual. No ha sido así, quizá por la dificultad para poner de acuerdo a unos cuantos países críticos con algunos puntos de esa futura legislación que ya se han deslizado, pero también por la complejidad de articular una norma que, como apuntó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, “redefinirá la esencia de la regulación de las telecomunicaciones en la UE”. De momento, la agenda provisional más reciente para las próximas reuniones del Colegio de Comisarios establece que la presentación tendrá lugar el 20 de enero de 2026 en Estrasburgo.
Se busca un articulado ambicioso, que desarrolle infraestructuras de redes digitales de vanguardia como base para una economía y una sociedad digitales prósperas, subrayan en la web de la DNA. Añaden que hay que “garantizar infraestructuras digitales seguras y sostenibles, esenciales para aplicaciones como la telemedicina, la agricultura inteligente y la monitorización de mercancías en tiempo real”.
Por añadidura, a nadie se le escapa el alcance geopolítico de la tecnología, de ahí que se pretendan crear unas “condiciones de competencia equitativas, que permitan el surgimiento de nuevos modelos de negocio y fomenten la innovación en el mercado digital europeo”, señalan en la información oficial.
Libro Blanco que explica por qué es necesaria la Ley de Redes Digitales
El camino de lo que será la futura Ley de Redes Digitales comenzó en octubre de 2023, cuando la Comisión Europea realizó una consulta sobre el futuro del sector de las telecomunicaciones electrónicas y su infraestructura. La CE recibió 437 respuestas y 164 documentos de posición. Se presentaron 108 contribuciones de empresas, 87 de asociaciones empresariales, 124 de ciudadanos (114 de la UE y 10 de terceros países), 47 de organizaciones no gubernamentales, 16 de instituciones de investigación o académicas, 14 de organizaciones de consumidores y 5 de sindicatos.
De la encuesta, se extrajeron tres conclusiones globales. Europa necesita:
- Innovación e inversión eficiente.
- Aprovechar el Mercado Único para impulsar esa inversión e innovación.
- Proteger sus redes.
Con esas tres patas basilares, la Comisión Europea elaboró el Libro Blanco ¿Cómo satisfacer las necesidades de infraestructura digital en Europa?, que argumentaba por qué se precisa en el Viejo Continente una legislación como la DNA. En éste, se establecen como objetivos de la ley “incentivar la construcción de las redes digitales del futuro, gestionar la transición hacia nuevas tecnologías y modelos de negocio, satisfacer las futuras necesidades de conectividad de todos los usuarios finales, apuntalar la competitividad de nuestra economía y garantizar infraestructuras seguras y resilientes, así como la seguridad económica de la Unión, tal como se refleja en los compromisos comunes de los Estados miembros de la UE en el Programa de política de la Década Digital”.
Y, de nuevo, se hace mención al componente geopolítico: “Los recientes acontecimientos geopolíticos han puesto de relieve la importancia de la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras ante riesgos de origen tanto humano como natural, así como el papel complementario de las soluciones de conectividad terrestre, satelital y submarina para garantizar la disponibilidad ininterrumpida del servicio en cualquier circunstancia. En un panorama de seguridad en rápida evolución, un enfoque estratégico a escala de toda la Unión en materia de seguridad y resiliencia de las infraestructuras digitales críticas es esencial para la seguridad económica de la UE”.
Rechazo de seis países
El pasado mes de noviembre, según lo publicado por EU Tech Loop, seis Estados miembros, como Austria, Francia, Alemania, Hungría, Italia y Eslovenia enviaron una posición conjunta al Consejo de la UE instando a reconsiderar el enfoque de la DNA. Grosso modo, su principal preocupación tiene que ver con el deseo de conservar la competencia sobre la política y la gestión de frecuencias.
Anteriormente, varios ministros de países de la UE ya habían dejado claro sus dudas con algunas medidas como las tarifas de red, la facilitación de las fusiones para las empresas de telecomunicaciones y los nuevos requisitos regulatorios para el sector de los servicios digitales, en busca de la denominada igualdad de condiciones.
¿Qué opina el sector digital en España?
La jornada Futuro Conectado de España: Innovación, Regulación y Salud, que se celebró el pasado 25 de noviembre en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y estuvo organizada por DigitalES y COIT con la colaboración de CCARS, reunió a los principales actores del sector para debatir sobre el presente y el futuro de la conectividad, la innovación regulatoria y la relación entre tecnología y salud, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades que plantea la conectividad en España.
En dicho encuentro destacaron que España llega en una posición sólida a la futura Digital Networks Act, de la que se esperan reglas de juego claras, modernización del marco de infraestructuras y estímulos para invertir en redes más seguras. Se insistió especialmente en abordar la asimetría entre operadores y grandes plataformas digitales, que concentran más del 50% del tráfico sin contribuir proporcionalmente a los costes. Los operadores reclaman que el DNA reconozca el valor de las redes e infraestructuras, y que incluya obligaciones de negociación y redistribución de costes.
La asociación, que representa al núcleo del sector digital y de telecomunicaciones en España, reclama una reforma profunda y estructural que permita a Europa recuperar competitividad frente a otras regiones avanzadas, donde el despliegue de infraestructuras digitales es más ágil y atractivo para la inversión. A su juicio, el futuro Digital Networks Act debe asentarse sobre tres pilares irrenunciables: competitividad, simplificación regulatoria y culminación real del Mercado Único Digital.
En este sentido, DigitalES subraya que el marco regulatorio actual impone una carga desproporcionada a los operadores de telecomunicaciones, que son quienes asumen el grueso de las inversiones en redes, mientras que los grandes proveedores de contenidos y aplicaciones —auténticos motores del crecimiento exponencial del tráfico— no contribuyen de forma equitativa a la financiación de esas infraestructuras. Esta situación, advierten, compromete la sostenibilidad del modelo europeo de conectividad y limita la capacidad de los operadores para seguir invirtiendo en redes de muy alta capacidad, esenciales para cumplir los objetivos de la Década Digital.