QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Sanidad ha llevado a la primera vuelta del Consejo de Ministros la modificación de la 28/2005. La norma va a ampliar las zonas sin humo y equiparará el tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos. La medida forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y responde a las recomendaciones de organismos internacionales.
Está prevista otra nueva ley, a finales de año, que prohibirá los sabores y aromatizantes en vapeadores, con y sin nicotina, para evitar que los sabores artificiales resulten atractivos para los jóvenes.
Tras la primera vuelta del Consejo de Ministros, la ley modificada se someterá a consulta pública para recabar la opinión de las partes interesadas. Posteriormente, pasará de nuevo por el Consejo de Ministros y, de allí, llegará al Congreso.
Los objetivos son, en primer lugar, equiparar la legislación contra el tabaco a los nuevos productos derivados y, en segundo término, aumentar el número de zonas en las que no se podrá fumar ni vapear. Entre otras, las terrazas de hostelería, las piscinas o los parques infantiles. Es el primer cambio significativo en este ámbito en más de diez años.
Aunque no será la única normativa que Sanidad tiene previsto emprender próximamente contra el tabaco, ya que, antes de que acabe el año, aspira a haber concluido la tramitación del real decreto sobre productos del tabaco que limita el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, con y sin nicotina, a solo aromas de tabaco, para evitar que los sabores artificiales resulten atractivos para los jóvenes.
El secretario de Estado Javier Padilla ha destacado en sus redes sociales los ocho aspectos más relevantes de la nueva norma:
- Se prohíbe el consumo a los menores de 18 años, de manera análoga a lo que se hace con el Proyecto de Ley de consumo de alcohol en menores de edad. “Ya no es solo la venta, sino también el consumo, y no es solo tabaco, sino también las nuevas formas”, ha apuntado.
- Se amplían las «zonas libres de humo»:
– Establecimientos de restauración en interior y exterior.
– Salas de conciertos, teatros y cines sin limitarse a espacios cerrados.
– Instalaciones deportivas y recintos de espectáculos. - Se extienden las limitaciones de venta, suministro y consumo también a los «dispositivos para su consumo» que, como ha apuntado era algo que la industria “utilizaba para bypassear ciertas limitaciones”.
- Se prohíbe expresamente la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso (desechables), por su impacto doble tanto sobre la salud como medioambiental.
- Se refuerzas el papel del Sistema Nacional de Salud en los programas de cesación tabáquica, de acuerdo con lo reflejado en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo aprobado en 2024.
- Se crea el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo para poder aunar a todas las instituciones y entidades que trabajan este tema en una misma mesa.
- Se incorporan nuevas definiciones de productos que hace una década apenas existían. “Esto es fundamental para definir el ámbito de aplicación de la ley y que no haya forma de sortear lo que la ley dice”, ha recalcado Padilla.
- “Y, en términos generales, equiparamos las restricciones entre los productos clásicos del tabaco y los nuevos productos como cigarrillo electrónico o tabaco calentado. Esto es clave para la protección de la población joven y la prevención de su inicio en el consumo”, ha concluido su post en Telegram.
Polémicos nombramientos
La iniciativa legislativa coincide con la polémica por el anuncio del nombramiento de Rubén Baz Vicente, ex subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, como responsable senior de Relaciones Institucionales en Philip Morris apenas unos meses después de dejar su cargo.
Además, Japan Tobacco International ha incorporado a Antonio José Olivera Herrera, ex jefe de gabinete del ministro de Política Territorial.
Y Logista, el mayor distribuidor de tabaco en España, mantiene en su Consejo de Administración a la exministra Cristina Garmendia, la ex presidenta de SEPI Pilar Platero y la ex responsable del Ministerio de Cultura María Echenique.
Para el secretario de Estado Javier Padilla “es probable” que vivamos una nueva ofensiva de la industria del tabaco para tratar de ensalzar lo que llaman “la reducción de daños”, tal y como ha detallado en su newsletter A gran escala.
En su opinión, esta estrategia “pasa por fomentar la adicción a las nuevas formas del tabaco para tratar de recuperar lo que en otros momentos fue la atracción que suponía el consumo de tabaco, abriendo mercado en una población joven que abraza en menor medida los cigarrillos pero que se ve seducida por los nuevos productos que asemejan más a un gadget tipo smartphone que a algo viejuno”.
En cuanto a los recientes fichajes de la industria tabaquera, ha señalado que “el uso de los lobbies para «fidelizar» -vamos a llamarlo así- a la opinión publicada en los medios es solo equiparable por sus esfuerzos para atraer a exdirigentes políticos para medrar. Aunque para muchos las políticas frente al tabaquismo suenan a algo establecido y normalizado, en un país en el que hace 13 años que no hay avances sustantivos en esta materia, siguen siendo una muestra perfecta de cómo los poderes económicos se mueven para tumbar reformas que buscan mejoras sociales muy instaladas en el conjunto de la sociedad, pero que suponen dañar a un sector empresarial que fabrica un producto que no aporta elementos positivos derivados de su consumo”.
En su cuenta en X, ha comentado también que “no hay nada mínimamente progresista en trabajar para aumentar los beneficios económicos de una industria que solo genera enfermedad y muerte. Y que, además, se ceba más con los más desfavorecidos. Nada”.
Padilla, por último, vaticina un semestre “de hablar -y mucho- de tabaco. Y en el que vamos a ver mucho aspaviento patrocinado disfrazado de información con datos”.
Para la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, estas contrataciones “no son casuales, sino parte de una estrategia de presión política. Estamos ante un escándalo democrático y sanitario. La industria del tabaco busca comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas para poder salvaguardar sus intereses comerciales y seguir vendiendo, a una muy alta rentabilidad, productos que matan y enferman. España necesita una ley de incompatibilidades contundente que blinde la política sanitaria frente a los intereses de una industria letal”.
Fernández Megina recuerda que estos fichajes se producen en un contexto en el que tanto el Ministerio de Sanidad como la Comisión Europea están preparando reformas decisivas para el futuro del control del tabaco.
Oportunidad histórica para reducir el tabaquismo
Para la presidenta de Nofumadores.org, España se encuentra ante una “oportunidad generacional de reducir el tabaquismo a niveles similares a los de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde el consumo ha caído por debajo del 10%”. Y, como recuerda, “el Ministerio de Sanidad anunció, a la entrada como ministra de Sanidad de Mónica García, su intención de ampliar los espacios sin humo, aumentar los impuestos del tabaco y avanzar en la introducción del empaquetado neutro”.
Sin embargo, desde su punto de vista, “la enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento, evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos últimas medidas que la comunidad sanitaria, científica y ciudadana de control de tabaco considera claves para frenar la pandemia del tabaquismo.
Padilla, en su cuenta de X, ha comentado que los impuestos subieron recientemente. “La subida de precios no se hace en la ley antitabaco: en diciembre de 2024, se llevó a cabo una reforma fiscal que incluyó una modificación de la fiscalidad del tabaco, con un nuevo impuesto especial para gravar los líquidos de vapeadores y las bolsas de nicotina –con un tipo en función del nivel de nicotina– y la actualización de los tipos e importes en el Impuesto sobre las labores de tabaco (que rebajó los proporcionales y aumentó los específicos)”, ha aclarado.
En paralelo, la Comisión Europea trabaja en una reforma fiscal que contempla subidas del 139% en los impuestos mínimos sobre los cigarrillos, del 258% para el tabaco de liar y del 1.090% para los puros. Para España, esto supondría un incremento medio de 1,40 euros en el precio de la cajetilla.
“Las tabaqueras saben que todas estas medidas socavan su modelo de negocio”, explica Fernández Megina. “Por eso intentan infiltrarse en los centros de decisión con expolíticos que disponen de información privilegiada y contactos estratégicos. Si no actuamos ahora, perderemos la oportunidad de dar un salto histórico en la lucha contra el tabaquismo”.
Los fichajes recientes “no son hechos aislados”, como recalca. Y cita el Índice de Interferencia de la Industria Tabaquera, que indica que los casos de exministros y altos cargos en órganos de dirección de empresas vinculadas al tabaco “son numerosos y persistentes en España. Esta práctica contradice las recomendaciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que obliga a los gobiernos, en su artículo 5.3, a proteger sus políticas de salud frente a la injerencia de la industria tabaquera”.
“Estamos viendo cómo las tabaqueras utilizan las puertas giratorias como una herramienta más de lobby”, denuncia. Y añade que “quienes ayer ocupaban cargos de máxima responsabilidad en la administración pública, hoy trabajan para empresas que tienen como objetivo impedir cualquier avance en salud pública. Esto pone en cuestión la neutralidad de las políticas públicas y abre la puerta a la captura regulatoria”.
Una ley para evitar estas situaciones
Nofumadores.org insiste en que es urgente aprobar una reforma legislativa que cierre de manera efectiva estas puertas giratorias. La medida, según la asociación, no solo protegería las políticas de salud pública, sino también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El Parlamento y el Gobierno deben elegir: o defienden la salud de los ciudadanos o protegen los privilegios de una industria que mata a más de 60.000 personas cada año en España”, concluye Fernández Megina. “No se puede tolerar que, quienes ayer tenían responsabilidades públicas, hoy cobren de las tabaqueras para debilitar la política de salud pública. Si realmente queremos una sociedad más sana y libre de tabaco, debemos empezar por garantizar que las decisiones políticas no estén condicionadas por los intereses de la industria tabaquera”.
