En un escenario de transformación de la sanidad y con nuevas amenazas para la salud, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) considera que la farmacia comunitaria tiene “mucho” que aportar en esta entrevista exclusiva de Demócrata PRO. “La pandemia supuso un antes y un después para los ciudadanos, que se dieron cuenta de la importancia de tener una farmacia cerca, con esa luz verde que nunca se apaga: casi el 99% de la población tiene una en su población de residencia. Y esa situación se ha repetido en el volcán de La Palma o en la dana de Valencia, cuando llegaron a desaparecer farmacias y sistemas informáticos y, a pesar de ello, los ciudadanos recibieron su medicación. La aportación de esa cercanía y la profesionalidad en el conocimiento al sector del medicamento y al ciudadano lo convierten en un valor muy importante».
Ese valor, en su opinión, no se limita a la parte sanitaria y al seguimiento farmacoterapéutico de los tratamientos, sino al valor social. Por eso recalca que, para entender esa aportación, debe recordarse que el 70% de las farmacias españolas están fuera de las capitales de provincia. “Todos creemos que están en Madrid, en Barcelona o en Valencia, pero no es así. Y la que están en estas ciudades, son en su inmensa mayoría farmacias de barrio en las que el farmacéutico conoce la problemática desde el punto de vista sanitario de los ciudadanos. Y un ejemplo de ello es la reciente encuesta del CIS, que ha situado, por mucho, a las farmacias como el servicio mejor valorado”, recalca.
Esta cercanía puede impulsar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y, por tanto a ahorrar al sistema millones de euros. A pesar de ello, Aguilar considera que los farmacéuticos “no estamos lo suficientemente ‘utilizados’ por el sistema público de salud: esa gran red de 22.200 farmacias y más de 58.000 farmacéuticos trabajando en todos los lugares de España no está lo suficientemente utilizado tanto en la prevención como en la parte asistencial o en los procesos de cribado, en los que se ve que nuestra participación aumenta las adherencias”.
El Consejo General ha mostrado una clara apuesta por potenciar su lado más social, con la creación de un Comité Social en el que están incluidos las principales entidades representativas del mundo de la sociedad civil. El motivo, como explica, “es que son los ciudadanos los que tienen que decir qué quieren y qué reclaman. La farmacia está en una fase en la que no solo tiene esa parte tan importante de dispensación de medicamentos y del seguimiento farmacoterapéutico sino que, además, los ciudadanos reclaman en la encuesta del CIS que he citado otra serie de servicios. Y dentro de ellos, el concepto social de la farmacia es muy importante para nosotros: tenemos una red tan grande que podemos ser un radar de muchas iniciativas que preocupan a la sociedad”.
La innovación también se asocia tanto al medicamento como a la farmacia. Y buen ejemplo de ello es la incorporación en la digitalización de la prestación. Para Aguilar, debe destacarse que “cuando nadie hablaba de digitalización, todas las farmacias estaban informatizadas y conectadas en red, con herramientas que permiten saber las contraindicaciones de un medicamento que se dispensa. Tenemos un gran Sistema Nacional de Salud y los farmacéuticos forman parte de él, así como la receta electrónica que nos facilita la dispensación. Y tenemos receta electrónica pública y privada, lo que nos convierte en el único país del mundo con todos los datos del paciente desde el punto de vista farmacológico, algo muy importante. Ahora, el reto es que todos los ciudadanos tengan su historial farmacoterapéutico para que, vayan donde vayan, el profesional sanitario sepa todo lo que está tomando. Nuestra apuesta por la digitalización es muy importante, pero sin perder el contacto directo y humano con los ciudadanos: un profesional no puede ser sustituido por una máquina”.
La farmacia rural es una de la señas de identidad de nuestro modelo, sin embargo sufre amenazas como la despoblación y existe el reto de garantizar su sostenibilidad. Como recuerda, “diferentes estudios han puesto de manifiesto que, en aquellos municipios en los que hay una farmacia, se fija población. Pero, en muchos sitios, nos encontramos en una situación muy crítica y en la que nos tenemos qué plantear qué servicios hay que dar a la ciudadanía: se va el médico, el servicio de Enfermería, hasta los bancos… pero la Farmacia sigue al pie del cañón. Y si queremos que siga estando, debe estar financiada. Por eso, hace un par de años firmamos un protocolo con los ministerios de Sanidad, de Transición Ecológica y de Derechos Sociales para que esos servicios que ofrece la farmacia rural sean remunerados. Y ahora es el momento de las comunidades autónomas, que decidan y apuesten por este sistema, potenciando el papel del farmacéutico.
Cuando se realizó esta entrevista, no se conocían los detalles del anteproyecto de Ley del Medicamento que acaban de hacerse públicos. Para Aguilar “es una oportunidad, porque una ley es un paso muy importante. Y todavía más en la sanidad. Debe ser una ley garantista, que consiga una sostenibilidad del sistema y, en nuestro caso, de las oficinas de farmacia. Debe basarse en criterios sanitarios y no en criterios economicistas, debe primar el ciudadano y el propio sistema sanitario”.