El Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea emitieron el pasado 21 de agosto una Declaración Conjunta que fija el marco para el comercio e inversión transatlántica, un marco que ambas partes calificaron de “justo, equilibrado y mutuamente beneficioso”. Esta Declaración Conjunta confirma y amplía el acuerdo político alcanzado el pasado 27 de julio en Escocia por la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y el presidente norteamericano, Donald Trump.
La Declaración Conjunta detalla el nuevo régimen comercial de EEUU hacia la UE, con un arancel del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como el automóvil, los medicamentos, los semiconductores o la madera, sin quedar definida la fecha de aplicación. Tampoco se han acordado aranceles recíprocos por parte de la UE para los productos exportados desde EEUU.
El último capítulo de esta historia se produjo el pasado 30 de agosto, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles que Trump ha impuesto al resto del mundo, pero esta decisión no afecta a las tasas sectoriales. La administración Trump ha anunciado que va a recurrir la medida.
Ante el anuncio de la nueva relación comercial, tanto la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia) como Farmaindustria han declarado que la imposición de cualquier arancel sobre los medicamentos es negativa tanto para los pacientes, como para los sistemas sanitarios y el sector farmacéutico, tanto en la UE y EEUU. El motivo es que suponen una amenaza para las cadenas globales de suministro, un riesgo para el acceso a la innovación por parte de los pacientes y un obstáculo para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
“Añadir barreras a las cadenas de suministro de medicamentos altamente complejas no es la vía para la resiliencia de los gobiernos nacionales, el aumento de la producción ni para una mejor atención al paciente. Estos aranceles afectan a nuestra capacidad de colaborar en el descubrimiento de nuevos tratamientos para abordar los grandes desafíos de la salud mundial, con miles de millones de euros que ya no podrán ser destinados a la investigación biomédica”, advirtió la directora general de Efpia, Nathalie Moll.
“Mientras continúa el debate sobre las exenciones, instamos a la UE y a los Estados miembros a que garanticen exenciones para los medicamentos innovadores con el fin de proteger a los pacientes y garantizar la competitividad de la industria farmacéutica en Europa”, añadió.
Para Farmaindustria, en términos económicos, los aranceles son además un desincentivo para las inversiones en un sector estratégico para la economía en la que se instala. En una primera estimación, el coste de los aranceles del 15% sobre las exportaciones farmacéuticas a EEUU para las compañías farmacéuticas en Europa asciende a unos 18.000 millones de euros, un sector que no puede repercutir sus costes en aumentos de precios finales.
A largo plazo, estos costes se estima que afectarán directamente a las inversiones en I+D y a la capacidad de innovación de esta industria. Está en juego, desde su punto de vista, la recuperación de la competitividad europea, perdida en las últimas décadas en favor de otras regiones como la propia EEUU o China.
La propuesta, como recuerda Farmaindustria, rompe un compromiso de 30 años entre ambas partes para proteger a los pacientes con la ausencia de aranceles sobre medicamentos innovadores y sus insumos. “Reconocemos los esfuerzos para lograr un acuerdo comercial para Europa que beneficie a todos. Con un posible arancel estadounidense del 15% sobre productos farmacéuticos, sin exenciones claras para los medicamentos innovadores y sin visibilidad sobre las futuras políticas comerciales y de precios, seguimos preocupados por el futuro de los pacientes y de nuestro sector en Europa”, insiste Moll.
Soluciones reales
Por estos motivos, tanto desde Efpia como desde Farmaindustria se reclaman soluciones reales y cambios en la regulación que promuevan una mayor inversión en medicamentos, una distribución global más justa de la I+D y un acceso más equitativo y rápido para los pacientes a la innovación farmacéutica.
Asimismo, ambas patronales solicitan de manera urgente un diálogo sectorial estratégico con la Comisión y los Estados miembros para asegurar el futuro de la industria farmacéutica en Europa. Con el apoyo adecuado, consideran que las compañías farmacéuticas podrán seguir invirtiendo en la región y garantizar que la seguridad sanitaria, económica y social que aporta la innovación biomédica permanezca en Europa.
“Cualquier pequeño porcentaje de arancel sobre medicamentos y sus insumos perjudicará la atención al paciente y al sector farmacéutico en la UE y EEUU. A esto se suma la revisión de la legislación farmacéutica europea en la que estamos inmersos, que debería proteger la propiedad industrial y promover la innovación, algo que no se está produciendo con los actuales planteamientos. Este contexto está muy lejos de ser un estímulo para un sector que se ha determinado como estratégico. Y más lejos aún de que Europa recupere la competitividad perdida en las últimas décadas, lo que nos hace ser más dependientes y vulnerables”, ha resumido el director general de Farmaindustria, Juan Yermo.
“La futura Ley europea de Biotecnología (EU Biotech Act) es una oportunidad para contrarrestar las ventajas competitivas de EEUU y mitigar las políticas de la Administración Trump”, ha propuesto.