QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un dinero que las instituciones ponen a disposición de los grupos políticos para facilitar su funcionamiento y que acaba integrado en las arcas de las formaciones políticas. Así usan de forma mayoritaria las fuerzas con representación institucional las subvenciones que Cortes Generales, parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales o ayuntamientos reparten cada ejercicio. Las bancadas del Senado no son una excepción.
En 2023, la Cámara Alta transfirió a los grupos parlamentarios algo más de 7,5 millones de euros (7.686.147), según los datos facilitados por estos y analizados por Demócrata. De esa cuantía, 4,6 millones fueron a parar a las cajas de las formaciones políticas (el equivalente al 60,6% del total concedido) como se recoge en las cuentas anuales de los propios grupos difundidas esta semana por el Senado. Dicho de otra manera, de cada cien euros gastados por la institución en el último ejercicio, siete han acabado en manos de los partidos.
La subvención de la Cámara viene amparada por su Reglamento, en su artículo 34. Así, desde el año 2019, cada grupo recibe una cuantía fija más otra variable que se calcula en función del número de parlamentarios que lo integren. En estos momentos, cada bancada percibe 15.732 euros a los que se suman otros 1.966,5 euros adicionales por señoría, tras la subida del 3,5% aprobada para 2023. El importe íntegro de ese dinero es de libre disposición para los grupos «dentro, en todo caso, de la finalidad general de atender a los gastos de funcionamiento de los mismos», como reza el acuerdo de la Mesa de 16 octubre de 2018.
Con el acuerdo de 2018, el Senado reorganizaba el esquema de subsidios para el funcionamiento de los grupos parlamentarios, que hasta aquel momento se dividía en cuatro prestaciones: una general (la que se mantiene en la actualidad) y otras tres de carácter finalista (para gastos de coche oficial, labores de asesoramiento y atenciones protocolarias). Este aspecto, el fin de las partidas que solo se podían emplear para unos fines específicos, supuso el cambio más relevante del nuevo sistema que comenzó a operar en 2019.
Legal, pero cuestionado por el Tribunal de Cuentas
Las aportaciones desde las bancadas parlamentarias no están prohibidas, de hecho, se mencionan de forma explícita (artículo 2.1) como uno de los recursos de financiación pública en la Ley 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos. No obstante, varios órganos fiscalizadores (caso del Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Madrid) ya han advertido de forma reiterada sobre la conveniencia de que la legislación al respecto sea más clara y precisa, en el sentido de fijar criterios, establecer el alcance de esas aportaciones y que la justificación de las mismas vaya ligada al funcionamiento de los grupos parlamentarios.
LAS CUENTAS DEL CONGRESO, OCULTAS PARA LA CIUDADANÍA Los grupos del Senado con representación en la XII Legislatura (2016-2019) acordaron en octubre de 2018 un modelo de rendición de cuentas por el que en el primer semestre del año cada grupo entrega un balance y cuenta de resultados, así como una memoria con la contabilidad del ejercicio anterior. Esa documentación es la que luego la web de la Cámara pone a disposición de los usuarios, para su conocimiento público. En el caso del Congreso, los grupos también tienen la obligación de llevar una contabilidad interna con el uso que hacen de la subvención que la Cámara Baja les concede. Sin embargo, dicha información no trasciende a la ciudadanía. Hace unos meses, Demócrata se dirigió a cada uno de los grupos o partidos con representación en el Congreso para solicitarles copia de la dichas cuentas, recogidas en el Reglamento de la institución (artículo 28.2). Ninguno de ellos respondió a las solicitudes. Por otro lado, este medio registró una solicitud de acceso a información pública a la Cámara para preguntar por el sistema de rendición de cuentas de los grupos y requerir copia de las contabilidades de cada bancada para los últimos ejercicios, una contabilidad que se debe poner a disposición de la Mesa del Congreso cada vez que esta la pida. ¿La respuesta? No tenían dicha documentación, pues "no consta que, al menos en las legislaturas más recientes, la Mesa haya cursado dicha solicitud".
Desde finales de 2017, cuando se aprobó el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos para los ejercicios de 2014 y 2015, el Tribunal Cuentas viene recomendando la conveniencia de que «la legislación aplicable pudiera contemplar las condiciones y requisitos en las que los grupos institucionales puedan efectuar aportaciones a los partidos políticos (…) se adecúe con lo establecido en los respectivos Reglamentos y en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, respecto de la finalidad de la dotación económica asignada a los grupos institucionales».
La invitación a cambiar la regulación se ha repetido en todos los informes posteriores; el último, el de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos para el ejercicio 2020, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas hace un par de semanas.
De cada cien euros gastados por el Senado en 2023, siete han acabado en manos de los partidos
En su recomendación décima al Gobierno, el órgano fiscalizador insiste en lo deseable de establecer unas condiciones y requisitos para dichas transferencias de recursos, así como en el uso de ese dinero «que debería responder, en todo caso (…) al cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tienen atribuidas». El propio documento, en su seguimiento de las propuestas hechas en informes anteriores, habla de incumplimiento «en la medida en que no se ha modificado la Ley Orgánica de Financiación de Partidos ni otras disposiciones aplicables» a estos.
Dos tercios de la financiación pública ordinaria
Legislar o introducir cambios legales sobre las aportaciones de los grupos institucionales a las formaciones políticas implicaría actuar sobre la que es, según los datos más recientes, la principal vía de financiación ordinaria de los partidos (al margen de subvenciones electorales, cuyo uso es finalista). Si se toma como referencia la información del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, las subvenciones para funcionamiento de grupos que acaban en las cajas de los partidos supusieron el 42% de todos los ingresos para el ejercicio 2020 (103 millones de euros de un total de 245 millones entre recursos públicos y privados).
Desde el ejercicio 2017, la proporción de las ayudas para funcionamiento de grupos en las Cortes, parlamentos autonómicos, diputaciones o entidades locales que se entregan a los partidos vienen representando casi dos tercios de todos los ingresos ordinarios de origen público.
¿Para qué transfieren el dinero a los partidos?
No hay una respuesta clara que explique por qué la mayoría de la ayuda reglamentaria para el funcionamiento de los grupos parlamentarios no es usada por estos. O no al menos en las cuentas publicadas, donde apenas se especifica el motivo por el que la prestación, ideada para contratar personal, cubrir gastos por servicios exteriores o sufragar costes de proveedores, acaba en su mayoría en las cuentas bancarias de las organizaciones políticas.
Algunos justifican esas transferencias bajo el concepto de «prestación de servicios». Así lo especifica el Grupo Vasco, que explica el pago en contraprestación por los servicios de asistencia técnica que el PNV presta a su grupo en el Senado. Desde la formación nacionalista detallan que ellos asumen la «práctica totalidad de los gastos de funcionamiento generador por el grupo, incluyendo de forma destacada el asesoramiento técnico». A cambio, el grupo aporta mensualmente una «cantidad fija acordada». El año pasado, el importe total ascendió a 377.676 euros, casi el 95% de lo que el grupo recibió en concepto de subvención por parte del Senado.
Por su parte, el PP remite a la Ley sobre financiación de partidos y despacha con un escueto «para atender a los gastos de funcionamiento ordinario», como la finalidad por la que su grupo en el Senado le hace la aportación dineraria (850.000 euros en 2023, casi un 30% de la ayuda). El documento de cuentas de los senadores de Vox alude a un «convenio de colaboración» suscrito entre los parlamentarios y el partido por una serie de servicios que se cuantificaron en 115.000 euros el año pasado. Preguntados por este medio por los detalles del convenio o los servicios prestados, desde la formación han guardado silencio.
El resto de grupos o formaciones con representación durante el último año no comentan nada al respecto en sus cuentas.
Personal a cargo de las Cámaras
La figura del convenio utilizada por PNV o Vox es la sugerida desde hace años por el Tribunal de Cuentas, que a este respecto en sus últimos informes invita a que «las relaciones de colaboración entre las formaciones y sus grupos institucionales se formalicen mediante acuerdos en los que se recojan los servicios» que se prestan, su valoración económica y el importe anual a pagar por los grupos por el coste de esos servicios.
Más allá de pagos a la formación como contraprestación por servicios ofrecidos, uno de los usos que los grupos pueden hacer de la subvención es el de personal para necesidades específicas de cada bancada. La proporción del total destinada a pagar empleados se acercó al 40% (38,3) en el ejercicio de 2023, número muy variable según cada grupo.
Los grupos pequeños (hay formaciones con un solo representante) suelen traspasar el dinero en su integridad al partido. Disponer de personal específico para administración, comunicación o asesoría técnica puede ser inviable si tuvieran que pagarlos con recursos propios, por lo que dichos servicios se suelen prestar por la matriz política, como explicó en su momento a Demócrata el senador por la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas González.
Cuestión diferente es la de los grupos mayoritarios, PP y PSOE en el Senado. Al igual que en el Congreso, es práctica habitual por parte de las formaciones políticas con más representación cubrir perfiles laborales necesarios para el desempeño de los grupos mediante las cuotas de personal eventual (los conocidos como asesores) que cada bancada tiene asignadas y que se paga directamente por los presupuestos de cada Cámara, al margen de la subvención para funcionamiento. De esta manera, los grupos no tienen que pagar con sus propios recursos ciertas nóminas (ni sus correspondientes cotizaciones sociales) y ahorran así dinero de la subvención para otros usos (como la transferencia a los partidos).
En 2023, el Grupo Socialista gastó en personal 857.000 euros, equivalente a un tercio de la subvención recibida, mientras que el Popular destinó a nóminas y cotizaciones 1,8 millones, casi dos tercios de su ayuda pública (61,7).
