“Señorías del PP, ustedes hicieron lo mismo que ahora hace el PSOE, pero tienen razón en sus consideraciones (…) De nada sirve que el Senado tome en consideración proposiciones de ley (PLs) si, el Congreso no es las que las enmiende o las rehaga, lo que sería perfectamente legítimo, sino que ni siquiera, señorías, las tramita”. Con esas palabras aludía el senador de Vox por las Cortes Valencianas, Fernando Tatay, a las iniciativas cuya tramitación ha iniciado el Senado desde el inicio de la legislatura y que se encuentran paradas, todas ellas, en el Congreso de los Diputados.
Con su intervención, durante el pleno de la última semana, los de Santiago Abascal apoyaban una moción del Grupo Popular motivada por la suerte que corren las 14 PLs propuestas desde la Cámara Alta, algunas de ellas enviadas a la Cámara Baja hace casi un año. Desde el PP, autor de todas esas iniciativas, exigen a la Mesa del Congreso (controlada por PSOE y Sumar), que se ponga fin a la fase de enmiendas para que puedan proseguir su tramitación. Pero, ¿hasta qué punto son responsables los partidos del Ejecutivo, por su gestión de los tiempos, de que las proposiciones de ley del Senado no lleguen al BOE? ¿Son viables, en cuanto a apoyos parlamentarios, más allá de la mayoría absoluta con la que el PP las puso en marcha en dicha Cámara?
Más de la mitad cuentan con los votos
El análisis de Demócrata a partir de la aritmética del Congreso, los debates de las iniciativas y las votaciones en el Senado permite concluir que, de las 14 proposiciones del Grupo Popular en el Senado, nueve saldrían adelante incluso con la oposición del PSOE y Sumar, dos están abocadas al fracaso en los términos actuales, otra necesita recabar apoyos de algún grupo nacionalista y una última quedaría en manos de PNV, Coalición Canaria (CC) e incluso José Luis Ábalos.
Aunque no todas las propuestas tienen visos de prosperar si consiguen en algún momento ser debatidas en el Congreso, los socios del Ejecutivo no han hecho distinción entre ellas hasta el momento en la Mesa de la Cámara Baja a la hora de dilatar tiempos. A medida que un texto ha llegado del Senado, el órgano rector del Congreso está acordando sucesivas prórrogas del plazo para registrar enmiendas, un trámite que mientras no concluya paraliza el avance en la tramitación de la PL.
De esta manera, la primera ley que el PP llevó a debate en la XV Legislatura, una modificación de la ley sobre el Impuesto del Valor Añadido, para reducir el IVA de peluquerías, barberías y servicios de estética, acumula ya 26 extensiones del plazo para presentar propuestas de modificación. La proposición, respaldada por todos los senadores a excepción de los del PSOE, lleva así casi 300 días.
Que una propuesta haya alcanzado un gran consenso durante su toma en consideración en el Senado tampoco ha supuesto un empujón en su paso por el Congreso. Pese a contar con el ‘sí de los socialistas, la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para dar cobertura legal al voto telemático en diputaciones, cabildos y ayuntamientos, se encuentra atascada desde hace más de cinco meses. La misma suerte corre la otra PL aceptada por el PSOE, la presentada para reconocer el carácter de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones: 10 ampliaciones y 153 días en fase de enmiendas.
La agenda legislativa del PP
Asuntos Sociales, Fiscalidad, Medio Ambiente o Seguridad, Justicia y Defensa. Esas son las áreas políticas que el PP ha priorizado en el primer de año de legislatura a la hora de decidir qué iniciativas llevar para su toma en consideración en el Senado. Mientras que el Grupo Socialista en la Cámara Alta solo ha apoyado dos PLs y se ha abstenido en otras tres, muchas de las propuestas de los de Feijóo han conseguido atraer el voto positivo de formaciones de lo más variopinto del espectro ideológico.
A expensas de lo que puedan decidir en Podemos, sin representación en el Senado, la posición de cada fuerza en dicha cámara extrapolada a la aritmética del Congreso deja una medida de las posibilidades que tiene cada iniciativa de lograr su aprobación definitiva.
Más allá de la rebaja del IVA, medidas de derechos sociales, en materia del medio rural o administrativas son las que han conseguido el mayor grado de adhesión. La PL para regular los montes de socios, la asimilación del grado de discapacidad con el reconocimiento de la dependencia, el voto telemático en entidades locales, la concesión de agente de autoridad a funcionarios de prisiones o la exención fiscal de las ayudas a los afectados por la talidomida han salido adelante con los votos de formaciones tan antagónicas como ERC y Vox.
De mantenerse el sentido del voto entre cámaras, además de las leyes anteriores, el PP lograría llevar al BOE una modificación de la Ley de Costas, para impedir la demolición de ciertos conjuntos urbanos de carácter tradicional; así como la inclusión de las plantillas de Guardia Civil, Policía Nacional y servicio de vigilancia aduanera en el coeficiente reductor de la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo. En el primer caso, con el ‘sí’ de Junts; y con el apoyo de CC y las abstenciones de los de Carles Puigdemont, el PNV o el BNG en el segundo.
En el alambre
La posición que puedan adoptar los nacionalistas, en especial Junts y PNV, de llegar el resto de PLs a votación en el Congreso es la que determinaría, el futuro de las propuestas en materia de misiones militares en el extranjero, de lucha contra la ‘okupación’ o de protección del patrimonio histórico frente al vandalismo.
La batería de medidas antiokupa, como la modificación del Código Penal o los cambios en la Ley sobre Propiedad Horizontal, tiene el beneplácito de Vox y UPN, un total de 171 síes en la Cámara Baja. En frente, los 166 de PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu junto al rechazo previsible de Podemos y el exministro de Vivienda José Luis Ábalos, en las filas del Grupo Mixto. Aunque la suma de quienes se oponen a la proposición es minoría, el carácter de ley orgánica de la PL exige al menos la mayoría absoluta del Pleno para ser aprobada (176 apoyos), una cifra para la que el PP necesita implicar a Junts (7 escaños) o PNV (6), partidos que se abstuvieron en el Senado.
En el caso de la PL de protección del patrimonio histórico, las cuentas son tan ajustadas que un solo escaño puede determinar la suerte del texto. Aunque Más Madrid y Compromís se abstuvieron en la Cámara Alta, es más que previsible que Sumar, coalición a la que pertenecen ambos partidos, decida no abrir brecha con el PSOE en este asunto y apueste por el voto en contra. Esa misma posición es por la que se decantaría Podemos dadas las medidas contra los activistas climáticos que incluye el texto. En total, 172 noes por 171 síes de PP, Vox y UPN.
Con esas cuentas, son determinantes el escaño de Coalición Canaria (ausente del debate en la Cámara Alta) y el de José Luis Ábalos: si ambos apoyaran la proposición (173 síes), esta saldría adelante (siempre que PNV se mantenga en la abstención que marcó en el Senado).
Las cuentas que no salen
Más complicada, prácticamente imposible, se antoja la aprobación de la PL de reforma de la Ley de la Defensa Nacional, para que las misiones militares en el extranjero requieran la autorización del Congreso. También con categoría de ley orgánica, mover de la abstención a fuerzas nacionalistas o independentistas se antoja casi imposible dadas las críticas vertidas a la proposición del PP durante el debate de toma en consideración en el Senado. Así las cosas, los 171 votos de populares, Vox y UPN no alcanzarían la mayoría absoluta.
A una de las medidas fuerza del PP en su pugna ideológica con Vox, la de modificar el Código Penal para ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable, tampoco le dan los números. Más allá de Vox y Coalición Canaria, el resto de fuerzas la rechazaron en el Senado (UPN se abstuvo y la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, no estuvo presente en la votación). La PL tendría más votos en contra (174), que síes (171), pero es que tampoco llegaría al umbral de 176 necesario para aprobar leyes orgánicas.
Un tercer asunto, la reforma de la Ley del Poder Judicial para dotar de más competencias a la Audiencia Nacional en el enjuiciamiento de delitos contra el narcotráfico, tampoco tendría los apoyos suficientes. El ‘no’ de Sumar (Más Madrid y Compromís se abstuvieron en la toma en consideración en el Senado) dejaría a la propuesta con más noes que síes. La PL, con rango de ley orgánica, no tiene 176 votos favorables. Y además, un tercer aspecto a tener en cuenta: el PP registró un texto idéntico en el Congreso, que ya rechazó en el Pleno su toma en consideración.