QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«Boicot», «instrumento antidemocrático de bloqueo», «método arbitrario», «una alianza de obstrucción», «una práctica ilegítima», «un uso abusivo de la prórroga», «un recorte a la calidad democrática»… Con esos términos, sin ahorrar en calificativos, se referían buena parte de los representantes de los grupos con representación en el Congreso al uso que el Partido Popular y Ciudadanos hacían de los plazos para registrar enmiendas durante la tramitación de ciertas leyes. Sucedía en la XII Legislatura (2016-2019).
En octubre de 2018, entre denuncias de “filibusterismo parlamentario” a los dos partidos que entonces sumaban mayoría en la Mesa del Congreso, el Pleno decidía si iniciar o no la tramitación de una reforma del reglamento de la Cámara Baja para limitar las veces que se puede prorrogar el periodo de enmiendas de una iniciativa legislativa. Con el voto en contra de PP, Cs y el representante de Foro Asturias, el Pleno decidió comenzar los trabajos para cambiar el reglamento.
Un presidente sin mayoría en la Mesa El Grupo Socialista activa su propuesta de reforma del reglamento casi un año después de registrarla en el Congreso. En ese tiempo, Pedro Sánchez había relevado a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con una moción de censura. El cambio en el Ejecutivo a mitad de legislatura provocó que, por primera vez desde la restauración democrática, el partido del presidente del Gobierno no tuviera el control de la Mesa del Congreso, el órgano parlamentario que decide, entre otros muchos asuntos, sobre los plazos de enmiendas.
Paradójicamente, pese a superar el debate de toma en consideración, aquella reforma nunca prosperó tras continuas ampliaciones del plazo de enmiendas. Llegó la disolución de la Cortes y la iniciativa caducó con la convocatoria de elecciones. Lo que sigue ya es conocido: repetición electoral, Gobierno de coalición y una mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa, donde tienen 6 de los 9 asientos.
¿Ha influido la experiencia de aquel año y medio con minoría en la Mesa en el comportamiento de los grupos que ahora integran el Gobierno? La falta de datos públicos de la XII Legislatura impide comparar cómo actuó entonces cada formación con su postura en la legislatura la actual. Sin embargo, sí es posible trazar la estrategia de cada bancada desde comienzos de 2020 a través de las actas de las reuniones de la Mesa.
El plazo de enmiendas Abierto el plazo para registrar enmiendas, los diputados y grupos tienen 15 días para presentarlas, periodo que se reduce a una semana si la iniciativa legislativa se tramita por la vía de urgencia. Los diputados o grupos podrán pedir a la Mesa correspondiente la ampliación de esos plazos. El reglamento del Congreso no limita la cantidad ni define los escenarios sobre los que son admisibles o no las peticiones de prórroga. Hasta que no se cierre el registro de enmiendas, una iniciativa no puede avanzar a la siguiente fase de tramitación, una decisión que depende en exclusiva de la Mesa.
Durante los dos primeros años (2020-2021), solo cuatro peticiones de ampliación de plazos para presentar enmiendas a alguna ley llevan la firma del grupo Socialista o del Confederal de Unidas Podemos, según se desprende de las casi 5.000 solicitudes ante la Mesa recopiladas y analizadas por Demócrata. ¿Significa eso que, a diferencia de sus predecesores, el PSOE y Unidas Podemos no están recurriendo a los plazos de enmiendas para manejar los tiempos y la agenda legislativa del Congreso?
Ampliaciones sin registrar
Si bien los números apuntan en esa dirección, hay letra pequeña: en la primera mitad de legislatura, los grupos del Gobierno no registraban por escrito sus peticiones ante la Mesa y por tanto no constan en las actas de cada reunión, como ha podido conocer este diario por fuentes de la Mesa y de los dos grupos parlamentarios.
Esta forma de actuar al margen del cauce habitual (registro por escrito) impide conocer con exactitud cuántas veces se han estirado los tiempos de una iniciativa por deseo de los socialistas o de los morados. Preguntados por ello, tanto en el PSOE como en Podemos restan importancia a la vía elegida para ampliar plazos, al tiempo que niegan un uso partidista o interesado a la hora de requerir nuevos plazos de ampliaciones de enmiendas.
"El abuso que se está produciendo de esta figura es una burla, un fraude al funcionamiento normal del proceso legislativo"
Edmundo Bal
Los socialistas achacan el modo de proceder a la falta de presencialidad y a los cambios en la manera de reunirse la Mesa provocados por la pandemia. “Tanto en un caso como en otro, las estrategias del grupo se debaten y se fijan en las reuniones previas a que se reúna la Mesa”. Así, no otorgan mayor relevancia al procedimiento por el que se comunica la voluntad del grupo al órgano rector de la Cámara. No obstante, desde el Gobierno confirman que en un momento de la legislatura decidieron volver al registro por escrito porque se consideraba más adecuado.
El análisis de los datos revela que el cambio en la forma de proceder de los socialistas llega el año pasado, en 2022. Desde entonces el PSOE ha pedido ampliaciones del plazo de enmiendas en más de 1.500 ocasiones, casi un tercio del total acumulado en la legislatura.
Una "argucia administrativa"
Hoy, aquellas denuncias, de 2018, de obstrucción o de retraso deliberado de la acción legislativa se repiten, aunque cambian de bancada.
"El abuso que se está produciendo de esta figura es una burla, un fraude al funcionamiento normal del proceso legislativo". Quién así se pronuncia es el diputado de Ciudadanos (Cs) Edmundo Bal. El portavoz adjunto de su grupo en el Congreso asegura que la extensión continuada del plazo para enmiendas va contra los derechos de participación política de los diputados, en especial contra los de la oposición. "Se sustituye la voluntad del Pleno [de que una iniciativa se tramite, tras pasar la toma en consideración], por la voluntad de un órgano que aplica el rodillo". "Una argucia administrativa basada en una mayoría grande de la Mesa que se dedica a prorrogar indefinidamente".
Cuando se le recuerda las críticas que en su día se dirigieron a la actitud de Cs, Bal responde tajante: “hay que cambiar lo que está mal. Si en ocasiones anteriores se hizo mal, incluso con la connivencia de Cs cuando apoyó al PP, pedimos perdón y que se cambie porque está mal hecho”.
"Lo hacemos cuando no queremos que se tramiten leyes a las que hemos votado «no» en la fase de toma en consideración".
Grupo Parlamentario Vasco
Por parte de Podemos, la vicepresidenta tercera de la Mesa, Gloria Elizo, rechaza que se hable de abuso en la forma en la que el mecanismo se ha usado por parte de los grupos del Gobierno. “Critico muchísimo que el legislativo quede supeditado al poder ejecutivo cuando el grupo mayoritario marca la acción del legislativo por los intereses del Gobierno”. “Cuando no hay voluntad de tramitación se sustrae la acción parlamentaria” con “solicitudes de prórrogas de plazos. El resultado son iniciativas que se quedan atascadas en trámite de enmiendas”. Sin embargo, no cree que esa haya sido la tónica de esta legislatura por parte de quienes sostienen la coalición.
Prórrogas de enmiendas, ¿para qué?
Entonces, ¿para qué han pedido los diferentes grupos casi 5.000 ampliaciones de periodos de enmiendas?
Los grupos de menor tamaño señalan la falta de recursos humanos para llegar a todo. Desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) recuerdan que cada uno de sus seis diputados es portavoz de varias comisiones, muchas de ellas legislativas. “Pedimos prórrogas por necesidad la mayoría de ellas, para tener tiempo de preparar bien las enmiendas y poder hacer las consultas pertinentes”.
Los nacionalistas vascos saben lo que es que una iniciativa propia se quede atrapada en el limbo de las ampliaciones de plazos. Lo están viviendo con su propuesta de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, en periodo de enmiendas desde hace casi dos años y medio. Ahora bien, reconocen haber recurrido a solicitudes con el fin de obstaculizar la tramitación de iniciativas con las que no están acuerdo. “Por coherencia. Lo hacemos cuando no queremos que se tramiten leyes a las que hemos votado «no» en la fase de toma en consideración”, sobre todo en materias de competencias autonómicas. Pese a ello rechazan que sus actuaciones, por sí solas, hayan condenado al bloqueo ley alguna al no tener capacidad de voto en la Mesa.
Tras el PSOE, los vascos son el segundo grupo con más peticiones registradas: 1.136, por encima del millar que suma el principal partido de la oposición, el PP.
En Cs (9 diputados), donde han pedido ampliar enmiendas 650 veces, reiteran la falta de tiempo y recursos para abordar toda la agenda legislativa. Edmundo Bal justifica el uso de la prerrogativa como una forma de ganar semanas para estudiar en profundidad cada ley, sobre todo aquellas más complejas, preparar enmiendas u organizar comparecencias de expertos en el Congreso. Más allá, Bal asegura que en alguna ocasión han estirado plazos hasta resolver debates internos acerca de textos sobre los que había discrepancias internas.
Entre las bancadas de mayor tamaño, PSOE y Unidas Podemos ponen la ordenación de los trabajos del Congreso por delante de todo, como una forma de controlar que las comisiones no queden “desbordadas” por la entrada en fase de informe o de ponencia de muchas leyes al mismo tiempo. Tampoco esconden que entre los criterios para alargar o cerrar plazos también intervienen consideraciones políticas: criterios de agenda, de oportunidad o prioridades del Gobierno.
