¿Es usted mujer y está interesada en políticas de Defensa, Energía o Economía? Quizás la labor de parlamentaria nacional no sea la más satisfactoria. Sin embargo, si sus intereses profesionales pasan por los ámbitos de la Igualdad, la Sanidad, la Educación, los Derechos sociales o los de la Infancia y Adolescencia tendrá más posibilidades de sentirse realizada.
Es el mensaje que mandan las Cortes Generales —los grupos parlamentarios que componen Congreso y Senado por ser más precisos— a sus integrantes y, por extensión, al resto de la ciudadanía. Así lo revela el análisis hecho por este diario de la composición de 76 comisiones de ambas cámaras, de las asignaciones de roles dentro de cada órgano y de los trabajos de 117 grupos de ponencia durante la presenta legislatura.
Cada vez que se forma un nuevo Gobierno, las mayores expectativas suelen estar en torno a los nombres que ocuparán carteras como Interior, Hacienda, Justicia, Asuntos Exteriores o Defensa, las que corresponden a lo que popularmente se conoce como ministerios de Estado. Se trata de políticas que se consideran de primer orden, asociadas a un mayor prestigio o reconocimiento.
Haga la prueba. Seguro que no le cuesta mucho recordar el nombre de algunos de los últimos ministros del Interior, de Economía o de Defensa, pero intente hacer memoria con los de Educación, Universidades o Sanidad (a excepción de Salvador Illa). Esa jerarquía de importancia por materias tiene su extrapolación en las comisiones parlamentarias, en concreto en la representación por sexos dentro de cada una de ellas.
Bien sea de forma deliberada o por una inercia anclada en la tradición, el reparto de los miembros de cada grupo parlamentario entre las decenas de comisiones genera unas brechas de género que dificultan el acceso de las mujeres a no pocas temáticas. Esto, además de restarles visibilidad, impide que ellas dejen su impronta legislativa en ciertos ámbitos.
Las materias de Estado, para ellos
De esa forma, las probabilidades de que una diputada participe en la tramitación de un texto se reducen en leyes que pasen por comisiones como las de Defensa (donde solo tienen uno de cada cuatro asientos), Interior (27%); Agricultura y Pesca o Seguridad Vial (29%); Transición Ecológica, donde quedan encuadradas las políticas de energía (31%); Asuntos Económicos (32%), Presupuestos o Hacienda y Función Pública (35%), según los datos extraídos y analizados por Demócrata.
El dibujo es similar, con ligeras variaciones, en el Senado. Aquí, al igual que en la Cámara Baja, hay una falta de paridad de partida: si en el Congreso las mujeres tienen un 43% de los escaños del hemiciclo (diferencia de 14 puntos respecto a sus homólogos masculinos), en el Senado la brecha escala hasta los 20 puntos (ellas son el 40%).
Con las proporciones anteriores presentes, se puede afirmar que no hay una representación equilibrada (en detrimento de las senadoras) en casi la mitad de las comisiones, entre las que destacan la de Despoblación y Reto Demográfico (20% de mujeres); las de política exterior, como Asuntos Exteriores o Asuntos Iberoamericanos (23%); Transportes y Movilidad, donde también caen las políticas de Vivienda (26%) o Entidades Locales (27%), además de las ya citadas al hablar del Congreso de los Diputados.
Esta parcelación o marginación por sexos, a igualdad de funciones o puestos entre mujeres y hombres, es lo que se conoce como discriminación o segregación horizontal, resultado de decisiones que se toman desde las direcciones de los partidos políticos y que dejan marcas de género en el funcionamiento de las instituciones.
Se podría pensar que esa segmentación por temáticas obedece a una mayor veteranía parlamentaria de buena parte de los legisladores respecto a sus compañeras de bancada, una explicación por la que la acumulación de hombres en comisiones de temáticas más “duras” estaría guiada por la veteranía y no por un criterio de sexo. La hipótesis pierde fuerza si se tiene en cuenta que, en el Congreso, dos tercios de sus señorías se estrenaron como parlamentarios en 2019. Todavía queda más diluida, cuando se observa que entre las 10 comisiones con mayor presencia de varones el número de integrantes con una antigüedad de más de dos legislaturas no llega ni al 15% del total.
Ponencias en clave masculina
Las ponencias en comisión también nacen con “pecado original” en lo que a segregación horizontal se refiere. Una vez llegado un proyecto legislativo a una comisión y concluido el periodo para registrar enmiendas, se crea un grupo de trabajo formado por al menos un miembro de la comisión de cada grupo parlamentario.
Su misión es la de redactar el informe de ponencia, un documento a partir de la versión inicial del proyecto a la que se proponen modificaciones a partir de las enmiendas presentadas, una suerte de propuesta de versión final de la ley. ¿Y quiénes son los elegidos para esa misión?
En lo que va de legislatura, los hombres han sido mayoría en casi dos tercios (64,6%) de los 117 grupos de trabajo designados en comisiones para redactar el informe de ponencia de algún proyecto legislativo. Y de nuevo aparecen los patrones entre temáticas y género.
Si atendemos a la proporción de mujeres en el conjunto del Congreso (43%), han quedado infrarrepresentadas en la gran mayoría o en todas las ponencias de comisiones como la Constitucional (donde se han tramitado reformas como la de Memoria Histórica o la del voto en el extranjero), la de Asuntos Económicos (con leyes como la de Telecomunicaciones, la de Creación y crecimiento de empresas, la de los Mercados de Valores o los nuevos impuestos a banca y eléctricas), Interior, Cultura y Deporte o Industria, Comercio y Turismo.
La Justicia que se reserva a las mujeres
¿Y dónde ganan presencia ellas? En las comisiones de Igualdad, Educación, Sanidad y Consumo, Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad. Entre las llamadas políticas “duras” o de carteras de Estado, Asuntos Exteriores es la única con dominio claro femenino en su ponencia, que se ha reunido para un único proyecto de ley: el de Cooperación para el desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. En Justicia también asoman las mujeres, aunque aquí hay letra pequeña.
La reforma de la conocida como ‘Ley del Solo sí es sí’ ilustra muy bien el fenómeno. La ponencia de la reforma del Código Penal presentada por el Grupo Socialista y aprobada en el Congreso esta semana contaba con un 73% de diputadas.
No obstante, el repaso a las 25 ponencias de la Comisión de Justicia esboza un esquema de nuevo revelador: ellas son mayoría en leyes como la de Eutanasia, la penalización del acoso frente a clínicas para la interrupción del embarazo, la prohibición del proxenetismo (en tramitación) o la prohibición de la esterilización forzada a personas discapacitadas. Sin embargo, su presencia queda rebajada en los informes de leyes que versaban sobre la estructura o el funcionamiento del sistema de Justicia.
Investigar también es cosa de hombres
En lo que a las comisiones de investigación se refiere, la historia se repite. De las cuatro constituidas en el Congreso esta legislatura, la representación de diputadas ha variado entre el 23% dentro de la conocida como Kitchen III, el tercio de la de Kitchen II o la del accidente de Spanair, y el 40% de la de vacunas y el plan de vacunación contra la covid-19 (el porcentaje más alto se da en el ámbito de la Sanidad).
Llamativo también es la composición de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida por el sobrenombre de ‘Secretos oficiales’, en la que, junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, están presentes casi todos los portavoces de los grupos y donde ellas son el 36% de las integrantes.
Por el lado de las comisiones Mixtas, aquellas que están integradas por diputados y senadores, tampoco hay sorpresas. La de Relaciones con el Defensor del Pueblo y la de Seguridad Nacional (donde las parlamentarias son el 29%), Relaciones con el Tribunal de Cuentas (30%) y la de control de RTVE (35%) presentan desequilibrios en su composición. Los mejores números aparecen en la Mixta para la Unión Europea (44%) hasta convertirse en mayoría en la de Coordinación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (52%).