Actualizado el 29/05/2023, a las 05:37
Concejales, diputados autonómicos, miembros de cabildo, consejo insular o de Juntas Generales… Son los puestos que estaban en juego en las elecciones del 28 de mayo, todos con sus correspondientes papeletas y urnas en los colegios electorales. De lo que no hubo rastro en los centros de votación fue de la papeleta salmón tamaño folio, con la que se elige a los miembros del Senado en las generales, pese a que tras el 28-M se renovarán uno de cada nueve asientos de la Cámara Alta (casi el 12%).
De los resultados de las 12 autonómicas celebradas el fin de semana depende ahora el color de 31 escaños cuyos titulares no son elegidos directamente por la ciudadanía en las urnas. Se trata de las actas reservadas para los senadores por designación, legisladores escogidos por los plenos de cada asamblea regional a propuesta de los grupos parlamentarios.
Tras las elecciones de ayer, el PSOE perderá al menos dos asientos, aunque paradójicamente, la pérdida de poder en gobiernos autonómicas podría permitirle recuperar otros dos que entregó hace cuatro años en diferentes negociaciones. Mejor le irá al PP, que podrá ampliar su bancada con cinco o seis nuevos sitios, siempre y cuando las actas por designación no terminen siendo moneda de cambio a la hora de atar nuevos gobiernos autonómicos.
Los 265 escaños del Senado
El Senado lo forman en estos momentos 265 escaños. De ellos, 208 representan a las circunscripciones provinciales o insulares (más Ceuta y Melilla) y se eligen en las urnas, mientras que los 57 restantes se eligen por designación en cada uno de los parlamentos territoriales.
En la actualidad, el Grupo Socialista en el Senado cuenta con 113 legisladores: 93 electos y 20 designados. Veinte son también los designados que se integran en el Grupo Popular, donde hay otros 84 electos hasta un total de 104. La diferencia entre ambos es de 9 actas y cada uno de los dos grupos tenía en juego 11 escaños este domingo.
Los repartos tras el 28-M
De esos 11 que todavía tiene, el PSOE perderá uno en Asturias. Su gran resultado en 2019, unido a la división del voto en el centroderecha, hizo que lograran tal diferencia respecto al PP que la asignación por la regla D’Hondt le otorgó las dos actas de la región. Esta vez las circunstancias no han sido tan favorables y el reparto será de una para los socialistas y otra para los populares.
En las otras plazas en las que el PSOE logró en 2019 un par de senadores todo dependía de si lograba mantenerse como primera fuerza. El reto más sencillo estaba en Castilla-La Mancha, una de las pocas comunidades en las que han quedado por delante del PP. Más difícil era en la Comunidad Valenciana, donde ser primero prácticamente aseguraba dos escaños. Tras el escrutinio, el PSOE mantendrá sus dos actas, pese a verse superado en las Cortes Valencianas por el PP, que a su vez se apunta otras dos. No obstante, dado el crecimiento de población en la comunidad en los últimos años, tras las próximas generales, la región ganará un senador por designación adicional, que iría a parar a los populares.
EL ESCAÑO 266 Tras las elecciones generales de abril de 2016, los servicios jurídicos del Senado determinaron que la Comunidad Valenciana debía perder un representante de designación territorial. La decisión se debía al censo de la región, que por aquellas fechas había caído por debajo de los cinco millones de habitantes, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que en el artículo 165.4 dispone que: "Las CCAA designan además un Senador y otro más para cada millón de habitantes de su respectivo territorio (...)A efectos de dicha designación el número concreto de Senadores que corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado". Así, el número total de senadores pude variar en función de los cambios de población en las distintas comunidades autónomas. En 2019, año de las últimas generales, los habitantes censados de la Comunidad Valenciana a 1 de enero (fecha que se toma como referencia) seguían por debajo de los 5 millones, una barrera que se ha vuelto a superar en los últimos años. Sin embargo, las Cortes Valencianas no podrán designar un sexto senador hasta que se celebren las próximas generales, previstas para final de este año. Será a partir de ese momento cuando la Comunidad Valenciana podrá recuperar el escaño que perdió hace cuatro años, al inicio de la legislatura autonómica, como confirman desde la secretaría general de Les Corts en respuesta a Demócrata.
En Navarra, Aragón o Islas Baleares, donde también tienen la presidencia, hace cuatro años los socialistas cedieron su puesto a formaciones minoritarias dentro de las negociaciones por formar gobierno (Geroa Bai, el Partido Aragonés y Més por Mallorca, respectivamente). La alternancia de poder se da por hecha en Aragón o Baleares, lo que paradójicamente se traducirá en un par de senadores para los socialistas (y la posible salida de los regionalistas aragoneses y los nacionalistas baleares de la Cámara Alta).
La situación en Navarra es incierta. La presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite, está en disposición de repetir el pacto que le llevó al gobierno, por delante de UPN. Los regionalistas navarros han vuelto a ser primera fuerza, pero de nuevo lejos de la mayoría absoluta, una suma que sí puede alcanzar Chivite junto a Geroa Bai (a quien se le concedió el senador por designación hace cuatro años), Contigo-Zurekin (marca de Podemos e IU) y una abstención de EH-Bildu. Está por ver si, en contraprestación, los independentistas vascos exigen al PSOE su apoyo para sacar a UPN de la alcaldía de Pamplona.
Las perspectivas del PP
En la bancada del PP, al ya mencionado por Asturias hay que sumarle los que ganarán tras la victoria en la C. Valenciana. La mayoría absoluta en La Rioja se traducirá en otra acta, de nuevo a costa del PSOE, como en Asturias. En Murcia, los populares cedieron en su día a Cs el acta que les correspondía y está por ver si esa será una de las contraprestaciones a exigir por Vox. Sin embargo, ahora como primera fuerza, el PP no necesita el voto favorable de Vox para una nueva investidura (les vale con su abstención), como sí sucedía en 2019 con los naranjas.
Salvo en casos en los que decida cederlos, el Partido Popular retendría también el escaño que ya tiene en Aragón, el de Canarias, el de Castilla-La Mancha y el de las Islas Baleares. En Madrid, la salida de Unidas Podemos de la Asamblea y la abultada victoria de Isabel Díaz Ayuso permitirían a mantener el reparto de hace dos años, cuando se quedaron con cinco de los siete senadores designados.
La ventaja de Ayuso respecto a sus rivales, la igualdad de PSOE y Más Madrid y un Vox sin grandes resultados hicieron que al aplicar D’Hondt, en 2021, la cuota de asignación les resultara tan beneficiosa. Ahora, la salida de Podemos y el descenso de Vox han hecho que el 47% de voto del PP se traduzca en 72 escaños. De momento solo se sabe la identidad de uno de los cinco nombres que la presidenta madrileña enviará al Senado: el del todavía consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Senadores obligados a ser diputados autonómicos
Tal y como establece la Constitución, el desarrollo de la figura del senador por designación ha quedado en manos de las comunidades autónomas. Las normas que la definen son dispares y se reparten entre estatutos de autonomía, los reglamentos de cada cámara y, en varios casos, en leyes autonómicas específicas en las que se suelen indicar las condiciones de elegibilidad o cómo se reparten y eligen los parlamentarios que corresponde a cada asamblea legislativa, siempre dentro del principio de “adecuada representación proporcional”, un marco legal que ha terminado de forjarse a través de la jurisprudencia.
Entre las condiciones específicas establecidas por cada autonomía puede encontrarse la de que entre el conjunto de parlamentarios a designar haya un equilibrio de género (como hacen Andalucía y Canarias), la obligatoriedad de ser residente en la comunidad o la de que para ser senador sea obligatorio tener la condición de diputado autonómico. Este último requisito es obligatorio en Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja y Madrid, comunidades todas ellas que celebran ahora comicios autonómicos, si bien hay ciertas diferencias entre ellas.
En el caso de la comunidad insular, quienes sean elegidos senadores por el Parlamento de Canarias deberán renunciar acto seguido al acta regional, mientras que en Extremadura se deja elegir si se quiere compatibilizar o no, sin que ello conlleve la pérdida de la condición de senador en el supuesto de que se decida dedicarse al Senado en exclusiva.
Los que se despiden tras el 28-M
Los resultados de ayer y las restricciones ya mencionadas hacen que en las próximas semanas tengan que dejar el Senado al menos seis de los 31 parlamentarios con el escaño en juego. Se trata por un lado, de las senadoras por Madrid María Paloma Adrados y Ana Camins, ambas del Partido Popular. Adrados, que pasó parte de la última legislatura de baja por enfermedad, no figuraba en las listas a la Asamblea, como tampoco lo hacía Camins.
La que fuera secretaria general del PP de Madrid desapareció de la candidatura de Díaz Ayuso y ha sido relegada al tercer puesto de la lista municipal del partido en Majadahonda, donde han logrado la mayoría absoluta.
En La Rioja y en Cantabria concurrían a los comicios los actuales senadores designados: María Teresa Villuendas (PSOE) y José Miguel Fernández Viadero (PRC). No obstante, al tratarse de comunidades con un solo escaño por designación, sus opciones se han desvanecido al mismo tiempo que las de sus partidos para continuar en los gobiernos autonómicos.
En Canarias, el también popular Asier Antona y el socialista Santiago Pérez García tampoco repiten en la plancha autonómica de sus formaciones, lo que les impide revalidar el acta en las Cortes Generales. El que fuera candidato del PP en Canarias en 2019, concurría esta vez a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma, donde ha conseguido ser el más votado. Solo un pacto de PSOE y Coalición Canaria (CC) podría arrebatarle la silla de primer edil.
Otro que podría decir adiós a la Cámara Alta es Fernando Clavijo (CC), que junto al PP roza el gobierno canario (suman 35 de los 70 escaños). DE lograr la investidura, Clavijo no podría ser designado senador por el Parlamento de Canarias.
Sí están en condiciones de seguir los extremeños José Antonio Monago (PP) y Rafael Lemus (PSOE), ambos dentro de la listas de Badajoz en las candidaturas de María Guardiola y Guillermo Fernández Vara, respectivamente. Si se cumplen los precedentes, los dos tienen muchas posibilidades de continuar, en especial Lemus. El socialista lleva siendo elegido por su partido en la Asamblea de Extremadura desde 2011.
El antecedente, el senador de designación real
La figura del senador por designación tiene su origen en la Constitución Española (CE) de 1978, que en el artículo 69.5 la introduce de forma escueta en los siguientes términos:
ARTÍCULO 69.5 CE Las CCAA designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa [...] de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
De esa forma, cuando se constituyan de nuevo, los parlamentos de Cantabria, Navarra o La Rioja (todas con menos de un millón de personas censadas) podrán asignar una plaza de senador, cuota que se va incrementando por cada millón de habitantes, hasta los siete escaños que corresponden a la Asamblea de Madrid (uno por defecto, más seis por superar los seis millones de población), los ocho del Parlamento de Cataluña o los nueve del Parlamento de Andalucía (los dos últimos no celebran elecciones este domingo).
SENADORES DE DESIGNACIÓN REAL Ya en la Legislatura Constituyente convivieron en las Cortes Generales senadores llegados por diferentes vías. Además de los electos por la ciudadanía, la Ley para la Reforma Política reservó al Rey un cupo de nombramientos arbitrarios de hasta un 20%. Fueron los conocidos como senadores por designación real, el antecedente inmediato a los de designación territorial o autonómica de la CE del 78. Entre la relación de 39 hombres y dos mujeres seleccionados por Juan Carlos I, aparecen nombres provenientes del régimen franquista como los de Fernando Abril Martorell, Torcuato Fernández-Miranda, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio o Rodolfo Martín Villa; hombres de la cultura como el escritor Camilo José Cela, el filósofo Julián Marías, el editor José Ortega Spottorno, fundador de PRISA y el diario El País; o amigos del ahora rey emérito, como Jaime Carvajal y Urquijo o Manuel Prado y Colón de Carvajal, padre del expresidente de Endesa y actual presidente de Mediaset España, Borja Prado.
Un refugio para expresidentes autonómicos y cuadros políticos
Por la vía de la designación accedió a las Cortes Generales Alberto Núñez Feijóo tras ser elegido presidente del PP hace poco más de un año. Sin posibilidad de conseguir a un escaño de diputado hasta las próximas elecciones generales, el entonces presidente de la Xunta de Galicia optó por la Cámara Alta para su aterrizaje por Madrid. Antes, tuvieron que dimitir los dos senadores por designación que correspondían a los populares en el Parlamento de Galicia, Elena Muñoz Fonteriz (reubicada como secretaria general en la Conselleria de Presidencia de la Xunta) y Juan Carlos Serrano López (dirige desde entonces la Casa de Galicia en Madrid), para dejar paso al líder del partido y a su mano derecha, Miguel Ángel Tellado.
Además de para expresidentes autonómicos, la vía de la designación se suele utilizar por los partidos para dar perfil nacional a políticos, a cuadros de las formaciones o como refugio para aspirantes a elecciones autonómicas que no logran llegar a la presidencia de la comunidad. Además de Feijóo, en estos momentos tienen acta por designación territorial expresidentes de la Comunidad Valenciana (Joan Lerma, del PSOE y Alberto Fabra, del PP), Aragón (Luisa Fernanda Rudi, PP), Canarias (Fernando Clavijo, Coalición Canaria), Andalucía (Susana Díaz, PSOE) y Extremadura (José Antonio Monago, PP).
Otros nombres con acomodo actual en la Cámara Alta por la vía de la designación son las dos últimas presidentas del PSOE, Micaela Navarro y Cristina Narbona; el cuatro veces aspirante a la Junta de Andalucía por el PP, Javier Arenas; el también andaluz y líder de los socialistas en la comunidad, Juan Espadas; o la que fuera líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, designada por Madrid.
El atajo de Maroto y la vía frustrada de Iceta
Quien también ha entrado así en el Senado en las dos últimas legislaturas es el actual portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto. Tras no lograr el acta como cabeza de lista del PP por Álava en las elecciones al Congreso de abril de 2019, el entonces presidente del partido, Pablo Casado, lo eligió como portavoz en la Cámara Alta. El problema es que no era senador. Para solucionarlo decidieron que el exalcalde de Vitoria se empadronara en Sotosalbos (Segovia) y proponerlo como uno de los designados del PP en Castilla y León. Cumplía así el requisito de ciudadanía para ser elegible por las Cortes de Castilla y León, designación que se repitió de nuevo el año pasado, tras el adelanto electoral en la comunidad.
Por aquellas fechas, el actual ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, también intentó entrar al Senado como designado por el Parlamento de Cataluña, un plan frustrado por el Pleno, donde cosechó más votos en contra que a favor de su candidatura. Todo empezó días después de las primeras generales de 2019, cuando Pedro Sánchez anunció que Iceta sería el próximo presidente del Senado. De nuevo era un nombre sin acta en la institución. Para hacerle sitio tuvo que renunciar al escaño el expresidente catalán Josep Montilla (hoy, consejero de Enagás). Aquella legislatura duraría unos pocos meses, tras la segunda investidura fallida de Sánchez. La repetición electoral era una oportunidad para haber llevado a Iceta al Senado como senador electo. Sin embargo, su nombre no fue incluido en las papeletas del PSC.
EL RECURSO DEL GRUPO DEL PSC Tras la negativa del Parlament, el grupo parlamentario del PSC en el Parlamento de Cataluña interpuso un recurso de amparo ante el Constitucional, que fue estimado tres años más tarde. En 2022, el tribunal de garantías admitía el recurso de los socialistas catalanes contra la decisión de la Mesa de elegir el sistema de voto electrónico secreto como procedimiento para pronunciarse sobre la candidatura de Miquel Iceta. El hoy ministró sumó 29 apoyos por 65 votos en contra. Esa opción, la de votar en contra, es la que el TC consideró lesiva para los derechos del grupo de los socialistas catalanes, que habían pedido usar la votación por papeletas, un sistema para el que el reglamento solo contempla las opciones de elegir un nombre, abstenerse o el voto en blanco, pero no la opción de votar en contra (y por lo tanto no cabría el rechazo contra el candidato). En su sentencia 56/2022, el Pleno del TC consideró que debía prevalecer el derecho a designar senadores de los grupos parlamentarios y que, aunque la Mesa tiene autonomía y capacidad interpretativa para elegir el método de votación, el resultado de este no puede denegarle a un grupo la designación de los senadores que le correspondan, en "respeto al derecho de los grupos parlamentarios a la designación proporcional de candidatos a senadores autonómicos". Además, "el Tribunal no duda de que lo que el grupo (...) pretendió ante la mesa (la realización de votación por papeletas, con consignación del nombre del candidato) era la única opción respetuosa, dadas las circunstancias, con el derecho de representación política del grupo parlamentario afectado".
La designación como arma arrojadiza
En los últimos años, la figura del senador por designación se ha convertido en una ampliación del tablero de confrontación entre formaciones. Un escenario recurrente ha sido la Comunidad Valenciana. Más allá de casos como los de Maroto o Iceta, en esta región se han usado las mayorías parlamentarias para cambiar la ley autonómica que regula a los senadores designados, hasta el extremo de que en 2017, el TC dictaminó que la última reforma era inconstitucional.
Dos mujeres explican los movimientos de PP y PSOE en 2010 y 2016: Leire Pajín y Rita Barberá. La primera, fue elegida por su partidos para cubrir una vacante en el Senado tras las elecciones europeas de 2009. El PP, entonces con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas, demoró plazos y quiso someter a Pajín a un examen de «valencianidad». Con meses de retraso, la ex secretaria de organización del PSOE lograba el beneplácito para ocupar un sitio en la Cámara Alta. Aunque el PP desistió de la comparecencia en forma de examen, terminó incluyéndola en su Ley 9/2010, de designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunitat Valenciana.
La reforma por Rita Barberá, inconstitucional
En 2016, ya con Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, la situación judicial de Rita Barberá, entonces investigada por blanqueo de capitales en el marco de la Operación Taula, desató una ofensiva contra la exalcaldesa de Valencia que culminó con una reforma de la Ley 9/2010, a propuesta de Podemos y con el apoyo de PSOE, Compromís y Ciudadanos. Entre otros aspectos, se introducía la obligación de comparecer ante Les Corts a requerimiento de estas y un procedimiento revocar el nombramiento de personas designadas previamente como senadores por la cámara autonómica.
Más de 50 senadores del Grupo Popular en la Cámara Alta presentaron ante el TC un recurso de inconstitucionalidad. Como ya habían vaticinado varios juristas, el alto tribunal resolvió que tanto las comparecencias de asistencia obligatoria como el procedimiento de revocación motivado en una pérdida de confianza iban contra el artículo 67.2 de la CE, por el que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. De esta forma, el TC ahondaba en jurisprudencia y resoluciones previas, en lo que en la práctica se traduce como que los senadores, al igual que los diputados, no pueden recibir instrucciones políticamente vinculantes ni ser despojados del acta por parte del parlamento que los designa.
Y es que aunque la Constitución contempla dos tipos de senadores en función del método por el que son elegidos, ahí acaban sus diferencias. Una vez tomada posesión del escaño, no caben más distinciones entre ellos.