El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha ampliado sus esfuerzos para identificar a ciudadanos que critican o rastrean la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante el envío de requerimientos legales a grandes compañías tecnológicas para obtener datos personales asociados a cuentas anónimas en redes sociales.
Según informa The New York Times, en los últimos meses Google, Meta (propietaria de Facebook e Instagram), Reddit y Discord han recibido cientos de citaciones administrativas por parte del DHS solicitando nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos identificativos vinculados a perfiles que no utilizan nombres reales y que publican contenidos críticos con ICE o alertas sobre la ubicación de sus agentes.
Subpoenas sin autorización judicial
A diferencia de las órdenes de registro tradicionales, estas citaciones administrativas no requieren la aprobación de un juez, ya que son emitidas directamente por el propio Departamento de Seguridad Nacional en virtud de sus competencias legales. Históricamente, este instrumento se utilizaba de forma limitada y principalmente en investigaciones relacionadas con delitos graves como el tráfico de personas. Sin embargo, según fuentes gubernamentales y empleados del sector tecnológico citados por el diario estadounidense, el uso de esta herramienta se ha intensificado en el último año para desenmascarar cuentas anónimas en redes sociales.
Algunas de las empresas han accedido parcialmente a las solicitudes, mientras que otras han optado por revisar cada requerimiento antes de cumplirlo. Google, por ejemplo, aseguró que analiza cada demanda legal para proteger la privacidad de sus usuarios y que notifica a los afectados cuando sus datos han sido solicitados, salvo que exista una orden judicial que lo impida.
En varios casos, las compañías informaron a los titulares de las cuentas y les concedieron entre diez y catorce días para impugnar la citación ante los tribunales.
Defensa del Gobierno y críticas de organizaciones civiles
El DHS ha defendido en sede judicial que estas solicitudes buscan garantizar la seguridad de los agentes de ICE en el terreno, especialmente en contextos donde se publican datos sobre operativos en curso. No obstante, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) consideran que el Gobierno está ampliando el uso de estas herramientas más allá de su finalidad original.
“Estamos viendo un nivel distinto de frecuencia y una menor rendición de cuentas”, señaló Steve Loney, abogado de la ACLU de Pensilvania, que ha representado a usuarios cuyos datos fueron requeridos por el Ejecutivo.
En septiembre, por ejemplo, el DHS envió a Meta citaciones para identificar a los responsables de cuentas de Instagram que informaban sobre redadas de ICE en California. La ACLU recurrió la medida ante un tribunal federal y, antes de que el juez se pronunciara, el Gobierno retiró la solicitud.
Un caso similar se produjo en Pensilvania con las cuentas “Montco Community Watch”, que publicaban en inglés y español alertas sobre la presencia de agentes en el condado de Montgomery. Tras la notificación de Meta a los administradores de la cuenta, la ACLU presentó una moción para anular la citación. Dos días después de una vista judicial celebrada en enero, el Gobierno retiró también esa solicitud.
Contexto político y tecnológico
La ofensiva se enmarca en un clima de creciente tensión en torno a la política migratoria. Durante la Administración Trump, las autoridades han intensificado los mensajes contra quienes, a su juicio, interfieren en la labor de ICE. El llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, llegó a plantear públicamente la creación de una base de datos de personas arrestadas por obstaculizar operaciones migratorias.
Paralelamente, ICE ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas software de reconocimiento facial, monitorización de redes sociales y técnicas avanzadas de rastreo digital.
El debate reabre así la histórica fricción entre Silicon Valley y el Gobierno federal sobre hasta qué punto deben las empresas tecnológicas facilitar información privada de sus usuarios. Informes de transparencia publicados por las propias compañías muestran que las solicitudes de datos por parte de gobiernos de todo el mundo han aumentado de forma sostenida en los últimos años, con Estados Unidos entre los países que más requerimientos emiten.
Aunque en el pasado algunas plataformas llegaron a impugnar este tipo de medidas —como ocurrió en 2017, cuando Twitter demandó al Gobierno para evitar revelar la identidad de una cuenta crítica con la primera Administración Trump—, el actual repunte en el uso de citaciones administrativas sitúa nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre seguridad nacional y libertad de expresión en el entorno digital.