QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El 12% de las pymes y de los trabajadores por cuenta propia espera contar con el sistema ‘Verifactu’ completamente implantado y validado durante el primer trimestre de 2026, a pesar de que el Ejecutivo ha decidido retrasar su obligatoriedad hasta 2027. Además, el 29% calcula que lo tendrá listo en el segundo trimestre de 2026, el 22% en el tercero y el 16% en el cuarto, mientras que un 21% admite que todavía no ha definido su postura.
Estos datos proceden de un informe de respuesta inmediata elaborado por Ipsos para TeamSystem, difundido apenas siete días después de que se aprobara la ampliación del plazo hasta 2027 para la puesta en marcha obligatoria de ‘VeriFactu’, la normativa de la Agencia Tributaria que impulsa la facturación electrónica en España.
El análisis, sustentado en 845 entrevistas a autónomos, micropymes, pymes y despachos asesores, confirma que la intención de implementar ‘VeriFactu’ se mantiene. Un 24% de los encuestados indica que el retraso no altera sus planes y que seguirá adelante con la implantación en la fecha inicialmente prevista; un 25% prevé un aplazamiento corto y asegura que lo pondrá en marcha lo antes posible; un 20% reconoce que optará por un retraso significativo y un 7% asume que la adopción queda pospuesta sin fecha concreta.
En todo caso, la extensión del plazo de ‘VeriFactu’ hasta 2027 se interpreta como un respiro para los pequeños negocios, que consideran que ahora disponen de margen suficiente para adaptarse, en línea con lo que defendieron las principales organizaciones de autónomos y pymes tras conocerse el nuevo calendario.
Entre los beneficios que las empresas asocian a la implantación de este sistema, sobresale el incremento de la eficiencia: un 44% menciona el ahorro de tiempo en los procesos administrativos, un 39% destaca una mejora en el control de los cobros y un 27% valora la reducción de errores.
TeamSystem subraya que, en noviembre pasado, el 63% de los obligados a adaptarse reconocía carecer de un plan claro para afrontar la nueva regulación de facturación. “Ahora, por el contrario, una gran mayoría, casi el 60%, se muestra de acuerdo en que disponer de más tiempo ayudará a estar mejor preparados”, se recoge en el documento.
Sin embargo, el estudio también refleja que la decisión de posponer la medida a tan solo un mes de su entrada en vigor ha generado recelos en parte del tejido empresarial. Algunas asociaciones de asesores fiscales, técnicos e inspectores de Hacienda han expresado sus críticas, entre otros motivos, por la sensación de incertidumbre e inseguridad jurídica que atribuyen al retraso. En este contexto, un 19% de las pymes considera poco o nada probable que VeriFactu termine aplicándose en 2027, mientras que un 20% declara no tener una opinión definida sobre lo que finalmente sucederá.
