La Alianza Energía y Territorio ALIENTE, que integra a más de 200 organizaciones de ciudadanos, del ámbito rural, ecologistas y del sector agrario, ha enviado una carta a cada uno de los diputados del Congreso solicitando que no «cedan» al «lobby energético renovable» y se opongan a la ratificación del denominado ‘decreto ley antiapagón’ en la votación de este martes.
El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, promovió esta ley para fortalecer con urgencia el sistema eléctrico nacional y prevenir un nuevo apagón generalizado similar al ocurrido en la Península Ibérica el 28 de abril pasado. Aunque ya está en efecto desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, requiere confirmación del Pleno, de lo contrario perderá validez. La posición de Podemos, que ha decidido votar en contra, deja el futuro del decreto dependiendo de la abstención del PP, que aún no ha confirmado su voto, o de Vox.
«CONSOLIDA UNA EXPANSIÓN DESORDENADA»
En el documento enviado, que ha sido recogido por Europa Press, ALIENTE expresa su «profunda preocupación» por un decreto que, alegan, «vuelve a implantar medidas de aceleración para seguir implantando renovables a toda prisa sin ningún respeto al medio ambiente ni a la ciudadanía y sectores económicos del medio rural». Critican que la legislación «consolida una expansión desordenada, especulativa y agresiva del sistema energético» y acusan su aprobación «por la puerta de atrás mediante la falsa vía de urgencia con el único objetivo de suprimir el debate transparente y necesario».
La misiva destaca que el real decreto-ley reduce los plazos para las autorizaciones administrativas «y de evaluación de impacto ambiental y flexibilidad absoluta para permitir no cumplir los plazos establecidos por ley». Además, alertan de que esta política «continúa atrayendo fondos de inversión que están destruyendo el país» y exhortan a los diputados a «planificar y ordenar las macrorenovables para terminar con la especulación» y «dejen de poner la alfombra roja con medidas de aceleración saltándose las leyes medioambientales».
EXENCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ALIENTE tacha como «especialmente grave» la nueva exención de la evaluación de impacto ambiental, criticada ya por «las asociaciones profesionales». También censuran «los ritmos masivos de implantación que provocan una especulación y un desorden desmedido en un escenario de precios cero en numerosas horas del día».
Según la plataforma, una planificación adecuada sería la única forma de garantizar un desarrollo sostenible de las energías renovables y hacen un llamado a la responsabilidad del Congreso para «promover una verdadera transición que sea justa, racional y al servicio de todas las personas y territorios, que no defienda únicamente los intereses del lobby energético y fondos de inversión».
La carta enviada a los parlamentarios afirma que el debate sobre el modelo energético «ha sido intoxicado con afirmaciones falsas, interesadas, promovidas desde posiciones ideológicas o por parte del poderoso lobby industrial renovable». Esto, enfatizan, «ha deteriorado el análisis riguroso, y ha relegado el interés general a un segundo plano, priorizando únicamente el beneficio a corto plazo de estos inversores».
«Numerosos sectores de la sociedad civil –y de forma especialmente clara la comunidad científica– llevamos tiempo reclamando un modelo energético diferente: más eficiente, descentralizado, justo socialmente y respetuoso con los límites ecológicos y territoriales», indican. Además, califican de «barbaridad insostenible» la justificación de este modelo «intentando atraer la implantación de centros de datos, que también consumen muchísima agua, para justificar que se instalen más y más renovables».
ALIENTE sugiere que reducir las emisiones de CO2 por sí sola «ya no servirá para desafiar el cambio climático; por el contrario, la protección de la naturaleza y su renaturalización deben estar también en el centro de los esfuerzos».
«SE ALIMENTA LA BURBUJA ESPECULATIVA»
Argumentan que sería «más sensato y justo» destinar los recursos públicos a mejorar la eficiencia, acelerar la electrificación del transporte, aislar térmicamente viviendas y edificios, reducir el consumo de combustibles fósiles en la industria, impulsar el autoconsumo individual y colectivo, las comunidades energéticas, las fotovoltaicas en zonas comerciales o industriales o a explorar ubicaciones alternativas.
En contraposición, denuncian que «se está alimentando la burbuja especulativa de los grandes megaproyectos que concentran beneficios en pocas manos e impactan muy negativamente en las zonas rurales y en los ecosistemas». «España solo tiene unos 7 GW instalados en tejados, frente a los 23 de Australia, 47 de California o los 66 de la lluviosa Alemania», señalan.
Advierten que el mundo rural está siendo «agredido como nunca antes se había visto», con más de 60 mil hectáreas valladas y transformadas en muy pocos años y más de 23 mil molinos de viento instalados. «Se destruyen tierras fértiles, se fragmentan ecosistemas, se degradan paisajes y se margina a las comunidades locales que no obtienen ningún beneficio de este modelo especulativo», concluyen.