Desde 2019, el Gobierno ha invertido más de 975 millones de euros en apoyo a las comarcas mineras

El Ministerio para la Transición Ecológica ha superado las expectativas de inversión en las comarcas mineras con más de 975 millones de euros desde 2019.

Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha invertido más de 975 millones de euros en apoyo a las comarcas mineras, superando ampliamente los 250 millones de euros previstos en el Acuerdo de la Minería para todo el período hasta 2027.

Este jueves, se ha celebrado la Comisión de Minería de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027. En este evento, el Instituto para la Transición Justa, adscrito a dicho ministerio, ha presentado un informe sobre el progreso y la ejecución de los compromisos financieros establecidos, según ha indicado el equipo de Sara Aagesen.

Originalmente, el acuerdo contemplaba movilizar 250 millones de euros para revitalizar estas áreas, pero hasta ahora se han asignado más de 692 millones de euros para iniciativas específicas dentro de estas zonas, sumando un total de 975 millones de euros en el marco del acuerdo, con una inversión total que supera los 2.100 millones de euros.

Además, estos fondos nacionales se complementan con los fondos europeos del Fondo para la Transición Justa, que cuenta con 868 millones de euros y es gestionado en un 95% por las comunidades autónomas de Asturias, Aragón y Castilla y León, enfocados también en las comarcas mineras de estas regiones.

Firmado en octubre de 2018, el acuerdo marcó el comienzo de una nueva fase en la política de apoyo y reactivación de las áreas afectadas por el cierre de minas y centrales de carbón, buscando asegurar una transición equitativa para los trabajadores y los territorios mediante la diversificación económica, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible.

Este pacto se organiza en ocho grandes áreas de acción, que abarcan desde medidas sociales y apoyo a nuevas tecnologías hasta formación, restauración ambiental y líneas de ayuda económica destinadas a empresas y ayuntamientos de las zonas mineras.

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