QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el cierre del año 2024, el 43% de los activos administrados en el país se rigieron por criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), sumando un total de 238.244 millones de euros, de acuerdo con el informe anual de Spainsif, que se presentó en su evento anual este martes.
El estudio reveló que el sector de las finanzas sostenibles en España está consolidando su madurez, evidenciando progresos significativos, aunque enfrenta desafíos importantes como la medición del impacto real, la estandarización y la calidad de los datos, así como la capacitación del inversor minorista para superar el test de idoneidad.
Además, se destacó que la participación y el voto se han afianzado como elementos esenciales en la gestión ASG, con especial atención en áreas como el clima, la biodiversidad, los derechos laborales y la igualdad de género.
Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, indicó durante la apertura del evento que «nos encontramos en un momento decisivo de revisión regulatoria, incertidumbre geopolítica y presión social, cada vez más exigente, pero también más madura, más técnica y más colaborativa».
En este marco, subrayó la importancia de una interoperabilidad internacional de los marcos de sostenibilidad para asegurar coherencia, comparabilidad y confianza en el sistema, afirmando: «Un desafío en el que Spainsif refuerza su papel como punto de encuentro ‘multistakeholder’ conectando teoría, práctica y regulación».
Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, complementó que «solo con marcos interoperables y comparables que proporcionen datos de calidad de un gran número de empresas podremos generar la confianza necesaria para que la sostenibilidad sea un pilar estructural del mercado financiero».
En conferencias paralelas se discutieron aspectos cruciales para el futuro de las finanzas sostenibles, como el ‘engagement’ con empresas y la transición energética. También se exploraron políticas y estrategias de inversión sostenible en sectores polémicos como la industria de defensa y el armamento, y se analizó la integración de criterios ASG en las organizaciones en un contexto en el que la competitividad es clave.
Finalmente, Ana Puente Pérez, subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales en la Secretaría General del Tesoro, resaltó «la importancia de aumentar la resiliencia y competitividad de nuestras empresas, y especialmente nuestras pymes, para hacer frente a los riesgos climáticos y medioambientales» y mencionó el trabajo del Consejo de Finanzas Sostenibles para apoyar a las empresas en este proceso.
