Según el ‘Anuario de la Estadística Concursal 2024 del Colegio de Registradores’, la mayoría de los procedimientos concursales en España durante el año 2024 resultaron en liquidaciones, superando el 95% por segundo año consecutivo. Se documentaron un total de 1.356 procedimientos, representando el 22,6% del conjunto analizado. Las empresas que solicitaron la insolvencia, en promedio, empleaban más trabajadores que otras empresas españolas, con al menos la mitad teniendo cinco o más empleados y un 25% con 12 o más.
La entidad típica que se declaró en quiebra pertenecía al sector de servicios (no relacionados con el sector inmobiliario), acumulando en promedio once años de actividad antes de iniciar el proceso. En 2024, solo un 9,5% podría solventar sus deudas en cinco años, mientras que el 66,4% reportó pérdidas netas.
Además, dos tercios de las empresas que comenzaron el proceso mostraron resultados netos negativos y un 57,4% no generaba ingresos suficientes para cubrir sus deudas. En cuanto a los fondos propios, el 45,7% mostraba balances negativos y solo un 17,6% tenía la capacidad financiera para cumplir con un acuerdo en los términos usuales de la legislación.
Respecto a la distribución sectorial en 2024, el 66,6% de las empresas concursadas pertenecían al sector de servicios no inmobiliarios, mientras que el 11,9% eran industriales y el 1,4% del sector agrícola y pesquero.
REASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO
De las 1.471 fases sucesivas iniciadas en 2024, un 93,5% fueron liquidaciones directas, y un 5,3% provenían de reestructuraciones fallidas. Se declararon más de 2.700 concursos sin masa y solo en siete se procedió a la liquidación. La expectativa de cobro para los acreedores ordinarios fue del 56,9%, y en los convenios aprobados en fase común fue del 47,6%.
DURACIÓN DEL CONCURSO
El 87,2% de los concursos menos complejos y el 82,4% de los más complejos alcanzaron una resolución en menos de un año. Un concurso liquidatorio tardaba en promedio 264 días en concluir, y los concursos sin masa o exprés tenían una duración mediana de 60 días. Los procedimientos especiales para microempresas no superaban los cuatro meses y medio.