El 49,53% de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) se retirará dentro de los siguientes diez años, implicando una disminución de 89.690 empleados, conforme a lo reportado en el ‘Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la AGE 2025 y proyección futura a 2035’ realizado por el Ministerio de la Función Pública y citado por UGT.
Para el personal funcionario de carrera, se prevén 67.448 jubilaciones (49,67%), siendo notablemente afectados los subgrupos C2 (74,92% y 15.979 bajas), mientras que las bajas del personal laboral fijo serán de 22.242 (57,68%), destacando sectores con alta antigüedad como el E1, que perderá casi el 80% de su composición actual.
El 57% de los miembros de la plantilla de las administraciones públicas tiene 50 años o más, en contraste con solo un 20% que es menor de 40 años. Aunque se ha notado un rejuvenecimiento en los últimos años, la edad media ha disminuido por primera vez en diez años a 49,89, la situación sigue siendo «preocupante».
Desde UGT, en un comunicado, se ha resaltado que la mayoría del empleo público en la Administración del Estado está envejecido, con un énfasis particular en el personal funcionario de carrera del grupo C2, donde el 78,7% supera los 50 años.
Además de la vejez de las plantillas, la complejidad en la implementación de la jubilación parcial, que obliga a los empleados a prolongar su actividad laboral y limita la entrada de nuevas generaciones mediante contratos de relevo, representa una perdida de oportunidad para rejuvenecer las plantillas y una eficaz transferencia de conocimiento.
«Si no se adoptan medidas urgentes, la Administración del Estado corre el riesgo de perder en pocos años una parte sustancial de su capital humano y de su experiencia acumulada, lo que puede afectar gravemente a la calidad de los servicios públicos que presta a la ciudadanía», advierten desde UGT.
LA LENTITUD PARA EJECUTAR LAS OEP, UNA «LACRA» PARA LA ADMINISTRACIÓN
Según el sindicato, varias acciones han contribuido al sombrío futuro que enfrenta la Administración del Estado. Esto incluye la crisis de 2008 y su gestión «pésima» que impuso restricciones severas en la reposición de personal por años.
La «lentitud» en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público es otra de las principales dificultades que enfrenta la Administración del Estado; la falta de medidas decisivas; la ausencia de incentivos y condiciones competitivas para atraer jóvenes talentosos y el no desarrollo de la carrera horizontal en la AGE, lo que dificulta la retención de talento.
«Invertir en empleo público estable y de calidad. Sólo así se garantizará un relevo generacional, se preservará el conocimiento acumulado y se fortalecerán los servicios públicos que son la base de la cohesión social y la igualdad», ha declarado Carlos Álvarez, secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos.
UGT ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición; convocatorias adecuadas y planificadas de oposiciones adaptadas a las proyecciones de jubilaciones de cada tipo de personal, cuerpo y especialidad; programas de atracción de talento joven con mejores condiciones laborales; el diseño de una carrera profesional sólida y, también la transferencia de conocimiento intergeneracional.