El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con las autoridades de Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha impulsado una campaña dentro de la Red de Cooperación en Materia de Protección de los Consumidores (CPC) que exige a 21 aerolíneas reformar su publicidad para evitar el ‘greenwashing’, o lo que es lo mismo, la difusión de mensajes medioambientales falsos.
Entre las compañías afectadas se encuentran Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling y Wizz Air. Estas deben aclarar que las emisiones de CO2 de los vuelos no se pueden neutralizar, compensar ni reducir simplemente con contribuciones a proyectos ecológicos o pagos por combustibles alternativos.
Además, sólo podrán usar el término ‘combustibles sostenibles para la aviación’ si presentan justificaciones adecuadas y deberán admitir «claramente» que la aviación es un sector con alta carga contaminante. Deberán evitar el uso de términos o imágenes completamente verdes y cualquier tipo de afirmación ambiental que pueda ser interpretada de forma implícita.
Asimismo, estas empresas deben ser transparentes en sus afirmaciones sobre el rendimiento medioambiental futuro, como los objetivos de cero emisiones netas, especificando los plazos, las medidas posibles y los tipos de emisiones implicadas. Deberán también garantizar que los cálculos de CO2 sean claros y estén en conformidad con la legislación de la UE, proporcionando pruebas e información científica suficiente que respalde cualquier comparación de rendimiento ambiental.
Esta iniciativa, liderada en España por la Dirección General de Consumo, se extiende a todas las aerolíneas que operen en la Unión Europea y requiere que las autoridades de consumo supervisen el cumplimiento de estos compromisos. El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, también trabajará con la Comisión Europea y la Red CPC para desarrollar directrices que determinen cómo se aplica la legislación de consumo de la UE a las declaraciones medioambientales en la aviación, buscando «promover la transparencia y ayudar a las aerolíneas a adaptar sus prácticas comerciales a la normativa vigente».











