La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha respaldado la decisión del Gobierno de España de aplicar una reducción extraordinaria del IVA a los carburantes, pasando del 21% al 10%, para amortiguar el impacto derivado de la crisis generada por el conflicto en Oriente Medio, una iniciativa que considera “completamente justificada ante la situación” actual.
Tras una reunión con representantes del sector gasista y petrolero, Aagesen se pronunció ante los medios sobre la advertencia de Bruselas a España por esta rebaja fiscal y sostuvo que, en un escenario como el actual, la prioridad pasa por “proteger a los consumidores que están más afectados”.
“Evidentemente los carburantes han sido uno de los ejes principales”, apuntó, remarcando que se trata de “una medida de momento temporal” y que el Ejecutivo mantiene una vigilancia “constante y permanente” sobre su efecto y evolución.
“De momento, la tenemos tres meses encima de la mesa, seguimos trabajando en otro paquete de actuaciones y medidas y, por supuesto, tenemos contacto con la Comisión Europea y esperamos que no tenga repercusiones”, añadió, confiando en que la rebaja pueda mantenerse mientras resulte necesaria en función de la evolución de los mercados.
La ministra expresó también su confianza en que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán se traduzca en una mejora para los consumidores y para la industria, a través de una caída de los precios energéticos en los mercados internacionales.
“Vemos que los precios van bajando, en este caso el precio del barril Brent o el precio del gas. Eso tiene que trasladarse a los consumidores, con lo cual vamos a estar muy pendientes, no solo la CNMC, sino nosotros y el Ministerio de Economía, en que eso ocurra”, señaló.
Seguimiento de precios y papel de la CNMC
En esta línea, Aagesen recordó que este martes mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, con el objetivo de revisar la evolución de los precios de los carburantes desde el estallido del conflicto.
Según explicó, el organismo supervisor no ha detectado “ningún tipo de anomalía” en los precios, si bien insistió en la necesidad de que la vigilancia “sea constante y que continúe a lo largo del tiempo”.
Apagón eléctrico y responsabilidades
Por otro lado, la titular de Transición Ecológica evitó valorar los audios conocidos sobre conversaciones entre técnicos del operador del sistema y las compañías eléctricas en relación con el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, aunque recordó que desde el Ejecutivo “desde el primer momento” se actuó para “identificar las causas y poner encima de la mesa las medidas”.
Subrayó además que las posibles responsabilidades deberán dirimirse en sede judicial mediante “procedimientos garantistas” o a través de las investigaciones que pueda abrir la CNMC.
Impuesto a las energéticas y beneficios extraordinarios
En cuanto a la propuesta de España, junto con otros países como Italia, Austria o Portugal, de reactivar un impuesto a las compañías energéticas similar al aplicado durante la crisis de Ucrania para afrontar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, Aagesen explicó que se ha remitido una carta a la Unión Europea para que analice “de qué manera aquellos beneficios que son extraordinarios ocasionados por esta guerra puedan realmente de manera proporcional volver a todos y cada uno de los consumidores”.
El propósito, añadió, es estudiar qué instrumentos normativos podría habilitar Bruselas para que “realmente la repercusión” de la crisis, que ya se está reflejando en un encarecimiento de los combustibles, “se pueda rebajar”.