La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha instado al Gobierno a que el nuevo Real Decreto que aprueba el reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica incorpore un periodo transitorio de adaptación. Según la patronal, este margen temporal es necesario para que las comercializadoras puedan adecuarse a la nueva regulación sin incurrir en riesgos de incumplimiento.
En una nota remitida a los medios, la asociación advierte de que la puesta en marcha inmediata de la norma, o su aplicación desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, "resultaría materialmente imposible de cumplir por las comercializadoras, especialmente para aquellas con menor estructura organizativa o tecnológica, generando una situación de inseguridad jurídica y un riesgo elevado de incumplimientos no voluntarios desde el primer momento de aplicación".
El borrador del Real Decreto incorpora un abanico amplio de nuevas exigencias para las compañías comercializadoras. Estas obligaciones inciden, entre otras materias, en los procesos de contratación, en la información que se facilita al consumidor, en la documentación de los contratos y en los sistemas internos de facturación, gestión, control y servicio de atención a la clientela.
El presidente de ACIE, Julio César Nieto, ha subrayado que el texto normativo supone una reforma de gran calado para la actividad de las comercializadoras, "afectando desde la contratación hasta la atención al cliente, pero no contempla ningún periodo de adaptación".
Nieto recuerda que, "siguiendo el precedente de la Ley 10/2025, que estableció un plazo transitorio de doce meses para garantizar una implementación ordenada, consideramos imprescindible que el Gobierno incluya un plazo similar en este Real Decreto. Solo así las empresas podrán ajustar sus procesos y sistemas de manera efectiva, asegurando el cumplimiento de la norma y evitando riesgos de inseguridad jurídica desde el primer día de aplicación".
Además, ACIE sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería habilitar un nuevo trámite de audiencia pública, a la vista de las modificaciones introducidas respecto al borrador que se sometió a información pública en julio de 2024.