QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha calificado de «lesivo» el ajuste de 250 millones de euros propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, advirtiendo que podría significar el cierre de muchas instalaciones en el futuro próximo, lo que consideran «equivalente a una sentencia de muerte» a medio plazo.
En un reciente comunicado, la patronal ha expresado su preocupación por el «nuevo volantazo» regulatorio, que ha puesto en alerta a la industria de cogeneración tras la propuesta de retribución del sector para 2026-2031, que contempla dicho recorte, representando un 25% menos de retribución regulada.
El 7 de noviembre, el Ministerio anunció la consulta pública de esta propuesta, que actualiza los parámetros retributivos para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.
Acogen ha lamentado que, «sin causa justificada», se hayan cambiado los criterios de reconocimiento de costes aplicados desde 2014 y se hayan reducido los parámetros retributivos con la nueva metodología aprobada en 2024, afectando negativamente al marco establecido por la Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014.
«Esta modificación propuesta por el Ministerio supondría un severo recorte en la retribución para 2026-2031 y una degeneración del marco vigente que, de ser aprobado, podría llevar al cierre completo de la cogeneración en España en los próximos años», alertó la asociación.
La revisión regulatoria ha llegado «en un momento especialmente delicado», con una caída del 50% en la producción en los últimos cinco años y 1.300 millones de euros de inversiones bloqueadas por retrasos en las subastas prometidas por el Ministerio, describiendo la situación como «una propuesta de ruina».
Además, Acogen criticó el cambio en el reconocimiento de los costes de CO2, que afectaría directamente a las industrias con un impacto superior a 250 millones de euros anuales. También mencionó un posible error en el valor de ajuste de 2023, que cifra en 200 millones de euros aún pendientes de cobro.
La asociación está preparando alegaciones y ha solicitado al Ministerio que revise y corrija la propuesta antes de su aprobación definitiva en febrero de 2026, advirtiendo que de lo contrario, «se destruiría una tecnología clave para la eficiencia y la competitividad industrial de España».
