Adif reduce a 220 km/h la velocidad en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago tras avisos de maquinistas por el estado de la vía

Adif reduce de 300 a 220 km/h la velocidad en 28 km de la línea Ourense-Santiago tras avisos de maquinistas y en pleno debate sobre la seguridad ferroviaria.

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Vías de tren de Adif ADIF

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Adif ha decidido rebajar de forma temporal la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, el mismo corredor en el que se produjo el siniestro del Alvia en Angrois hace 13 años, después de que varios maquinistas alertasen sobre el estado de la vía.

La nueva limitación implica que los trenes que circulan por este trayecto pasan de poder ir a 300 a un máximo de 220 kilómetros por hora, “por defectos de geometría en aparatos de dilatación”, en el segmento comprendido entre los puntos kilométricos 56,200 y 84,200, según señalan a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Desde Adif apuntan que esta actuación se enmarca en el protocolo de seguridad de la entidad ferroviaria, que establece que se aplica “automáticamente” una limitación temporal de velocidad cuando se recibe una alerta por vibraciones como la registrada en esta línea.

Cuando es posible, generalmente en horario nocturno, los equipos de mantenimiento se desplazan para revisar el estado de la infraestructura. Es decir, el área de circulación de Adif comunica la incidencia a mantenimiento y estos intervienen cuando no hay trenes operando.

El descarrilamiento del Alvia en esta línea hace 13 años tuvo lugar en el punto kilométrico 84,413, al inicio de la curva de A Grandeira, donde el maquinista debía reducir de 200 a 80 kilómetros por hora sin disponer del sistema de seguridad más avanzado, el “ERTMS”, que habría frenado el tren en caso de error humano.

Aquel siniestro dejó 80 fallecidos y 143 heridos, y la magistrada condenó tanto al maquinista como al exdirector de seguridad de Adif por imprudencia profesional grave, por el exceso de velocidad y por la falta de un análisis de riesgo específico en ese tramo.

Límites temporales de velocidad (LTV)

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las que se han aplicado esta semana en Cataluña y la Comunidad Valenciana, son restricciones transitorias que se imponen al tope de velocidad permitido en un tramo concreto por razones de seguridad, según detalla el Ministerio de Transportes.

“Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía...) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015”, explica el departamento en un documento remitido este jueves a los medios por la Delegación del Gobierno.

Este texto se difunde en pleno debate sobre la situación de la red ferroviaria y tras los recientes accidentes de tren que han provocado 45 muertos en Adamuz (Córdoba) y uno en Gelida (Barcelona).

“Son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo. En la alta velocidad, estas LTV se actualizan cada hora. El número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura”, añade el documento.

“En todo caso, el número de activaciones se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar del incremento de tamaño de la red y del número de pasajeros. En 2025, estas limitaciones se activaron 2.144 veces, 50 menos que en el año anterior”, resalta el informe.

Accidentes y tiempos judiciales

El informe, remitido por la Delegación un día después de la comparecencia del ministro Óscar Puente, incorpora también datos sobre siniestros ferroviarios. En relación con Angrois, recuerda que el 24 de julio de 2013 se produjo el descarrilamiento de “un tren Alvia de alta velocidad” en una curva situada a 3 kilómetros de la estación de Santiago.

“En octubre de 2015 se cerró la instrucción, aunque en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrirla. El proceso culminó el 26 de julio de 2024, con la sentencia del Juzgado Penal de Santiago. Hasta la sentencia pasaron 11 años. Sin embargo, se interpuso recurso ante la Audiencia Provincial, pendiente de resolución, de modo que lleva abierto 12 años y 5 meses”, concluye el documento.