Adif ha decidido rebajar de forma temporal la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la misma en la que se produjo el siniestro del Alvia en Angrois hace 13 años, después de que varios maquinistas alertasen sobre el estado de la vía.
En concreto, la velocidad máxima autorizada en este corredor pasa de 300 a 220 kilómetros por hora, “por defectos de geometría en aparatos de dilatación”, en el segmento comprendido entre los puntos kilométricos 56,200 y 84,200, según señalan a Europa Press fuentes conocedoras de la medida adoptada.
Desde Adif detallan que esta decisión se enmarca en el protocolo interno de seguridad de la entidad ferroviaria, que establece que se aplica “automáticamente” una limitación temporal de velocidad cuando se registra una alerta por vibraciones como la comunicada en este trazado.
Una vez recibida la incidencia, los equipos de mantenimiento se desplazan, generalmente en horario nocturno, para revisar sobre el terreno el estado de la infraestructura. Es decir, los responsables de circulación de Adif notifican la incidencia al personal de mantenimiento y estos intervienen cuando la línea está libre de trenes en servicio.
El descarrilamiento del Alvia en esta línea hace 13 años tuvo lugar en el punto kilométrico 84,413, al inicio de la curva de A Grandeira, donde el maquinista debía reducir la marcha de 200 a 80 kilómetros por hora sin disponer del sistema de seguridad más avanzado, el “ERTMS”, que habría frenado el tren en caso de error humano.
En aquel accidente fallecieron 80 personas y otras 143 resultaron heridas. La jueza dictó condena tanto para el maquinista como para el exdirector de seguridad de Adif, por imprudencia profesional grave, en el primer caso por el exceso de velocidad y, en el segundo, por la ausencia de un análisis de riesgos específico en ese tramo.
Límites temporales de velocidad (LTV)
Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las que se han aplicado esta semana en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, son restricciones puntuales sobre el límite máximo de velocidad de los trenes en determinados tramos por razones de seguridad, según detalla el Ministerio de Transportes.
“Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía...) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015”, indica el departamento en un documento remitido este jueves a los medios por la Delegación del Gobierno.
Este texto se difunde en pleno debate sobre la situación de la red ferroviaria y tras los accidentes que han provocado 45 muertos en Adamuz (Córdoba) y uno en Gelida (Barcelona).
“Son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo. En la alta velocidad, estas LTV se actualizan cada hora. El número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura”, subraya el documento.
“En todo caso, el número de activaciones se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar del incremento de tamaño de la red y del número de pasajeros. En 2025, estas limitaciones se activaron 2.144 veces, 50 menos que en el año anterior”, añade.
Accidentes y tiempos judiciales
El informe distribuido por la Delegación, un día después de la comparecencia ante la prensa del ministro Óscar Puente, incorpora además datos sobre siniestros ferroviarios. En relación con el de Angrois del 24 de julio de 2013, precisa que se trató del descarrilamiento de “un tren Alvia de alta velocidad” en una curva situada a 3 kilómetros de la estación de Santiago.
“En octubre de 2015 se cerró la instrucción, aunque en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrirla. El proceso culminó el 26 de julio de 2024, con la sentencia del Juzgado Penal de Santiago. Hasta la sentencia pasaron 11 años. Sin embargo, se interpuso recurso ante la Audiencia Provincial, pendiente de resolución, de modo que lleva abierto 12 años y 5 meses”, recoge el documento.