Altos cargos del Gobierno de Estados Unidos han arremetido con dureza contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una sanción de 120 millones de euros a la red social X, anunciada este viernes, al interpretar el castigo como una ofensiva directa contra las grandes tecnológicas de EEUU y, por extensión, contra la ciudadanía estadounidense.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reaccionó tras conocerse la decisión comunitaria contra la compañía de Elon Musk, recordando que la multa de 140 millones de dólares (120 millones de euros) impuesta por la Comisión Europea “no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.
En la misma red social X, Rubio subrayó además que “se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea”.
En una línea similar, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU, Brendan Carr, lamentó que “una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense exitosa por ser una empresa tecnológica estadounidense exitosa”.
Carr añadió en otro mensaje en X que “Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa”, un comentario que fue posteriormente reenviado a sus más de 229 millones de seguidores por Elon Musk.
La tensión entre Washington y Bruselas por esta cuestión ya se venía gestando. Horas antes de que se confirmara la sanción, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había publicado en X que la Unión Europea debería “apoyar la libertad de expresión” en lugar de “atacar” a las empresas estadounidenses.
“Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura”, escribió Vance en la noche del jueves en su perfil de X.
Las palabras del vicepresidente estadounidense provocaron una respuesta inmediata desde el Gobierno español. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, respaldó este viernes a la Comisión Europea y calificó de “intolerables” las declaraciones de Vance.
“La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)”, afirmó López durante su intervención en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrada en Bruselas.
El ministro añadió que “acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea”.
La Administración Trump ya había presionado en otras ocasiones a sus aliados europeos para que la Unión Europea flexibilizara el marco regulatorio sobre servicios y mercados digitales, al considerar que este entramado normativo se dirige específicamente contra los gigantes tecnológicos estadounidenses.
En una visita a Bruselas a finales de noviembre, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, trasladaron las “preocupaciones significativas” de Washington sobre la legislación digital europea, denunciando que, con frecuencia, los umbrales de aplicación “se establecen de manera que prácticamente sólo afecta a empresas estadounidenses”.
MULTA A X
La Comisión Europea comunicó este viernes una sanción de 120 millones de euros a X por varias infracciones de la normativa comunitaria, entre ellas el “diseño engañoso” de su marca azul de verificación de cuentas. Según Bruselas, este distintivo se percibe por los usuarios como un sello de autenticidad, pese a que su concesión es discrecional, lo que vulnera las obligaciones fijadas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
El Ejecutivo comunitario abrió en julio de 2024 una investigación formal para determinar si esta práctica perjudicaba la capacidad de los usuarios para tomar decisiones “libres e informadas”.
La multa anunciada por Bruselas también se fundamenta en otras conductas sancionadas por la DSA, como la falta de transparencia en el repositorio de anuncios de la plataforma y el incumplimiento de la obligación de facilitar acceso a los datos a los investigadores.
“Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en internet en la UE (Unión Europea)”, advirtió la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras hacerse pública la decisión.
El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, defendió en una rueda de prensa en Bruselas la “solidez” del expediente frente a las críticas de la Administración Trump, que acusa a la UE de un exceso regulatorio dirigido a castigar a las grandes tecnológicas estadounidenses.
“Nos complace decir que es una multa proporcionada, porque en la Comisión actuamos de forma proporcionada”, concluyó Regnier.
La normativa europea para los servicios digitales prohíbe expresamente a las plataformas utilizar diseños engañosos en sus interfaces. Tras casi dos años de pesquisas, Bruselas considera acreditado que X recurre a un sistema fraudulento que “expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación”, ya que “cualquiera puede pagar” por obtener la conocida marca azul sin que la empresa “verifique” la identidad real del titular de la cuenta.
Los servicios comunitarios precisan que, aunque la DSA no obliga a verificar a los usuarios, sí veta que las plataformas ‘online’ afirmen falsamente que una cuenta ha sido verificada cuando no se ha llevado a cabo ese proceso de autenticación.
Además, la Comisión sanciona a X por vulnerar las exigencias de transparencia y accesibilidad de la DSA en lo relativo a su repositorio de anuncios. Esta herramienta se considera “fundamental” para que usuarios e investigadores puedan detectar estafas o campañas de desinformación, pero, según Bruselas, la red de Elon Musk introduce elementos de diseño y obstáculos de acceso que dificultan la consulta de información esencial.
Otro de los aspectos por los que la compañía es castigada son las restricciones que impone a los investigadores a la hora de acceder de manera independiente a sus datos públicos, incluso mediante técnicas de ‘scraping’.
En consecuencia, la Comisión ha fijado una sanción total de 120 millones de euros, de los que 45 millones se atribuyen a las irregularidades relacionadas con el ‘tic’ azul, 35 millones al funcionamiento del repositorio de anuncios y 40 millones a las trabas en el acceso a los datos.