La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) y la Asociación Española de Micropréstamos (Aemip) han instado a que, en la adaptación a la normativa española de la Directiva de Crédito al Consumo, se garantice la seguridad jurídica al tiempo que se refuerza la protección de los consumidores.
Ambas patronales señalan que comparten el objetivo de legisladores y supervisores de incrementar la protección al cliente financiero, aunque reclaman que dicho refuerzo se lleve a cabo “sin poner en riesgo la seguridad jurídica, la proporcionalidad regulatoria ni la continuidad de una oferta de crédito responsable y regulada en España”.
En un escenario marcado por la creciente digitalización de los servicios financieros, las asociaciones insisten en que el nuevo marco regulatorio debe contemplar la diversidad de modelos de negocio y la operativa específica de cada tipo de producto.
AEFI y Aemip consideran “imprescindible” que el régimen ordinario de limitación de costes recoja la “realidad económica” de los diferentes productos, y reclaman que, en el caso de los créditos de alto coste, se establezcan “criterios técnicos y proporcionados” para fijar los límites a la remuneración.
Del mismo modo, advierten de que los plazos mínimos de reflexión o las duraciones contractuales mínimas “pueden resultar contraproducentes” si se aplican de forma generalizada, sin atender a las particularidades de cada servicio.
Las asociaciones subrayan que las obligaciones de evaluación de solvencia deben ser proporcionales y ajustarse tanto al tipo de producto como al canal de comercialización, evitando cargas que no generen una protección adicional efectiva. En este sentido, solicitan que no se introduzcan “fricciones incompatibles” con la naturaleza de soluciones como la financiación digital y la financiación en el punto de venta.
Por último, AEFI y Aemip apoyan el refuerzo de los requisitos de autorización y registro de los prestamistas, pero reclaman la implantación de un “marco de transición ordenado” que evite “interrupciones bruscas” en la prestación de servicios y garantice el mantenimiento de la competencia en el mercado.