La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) han solicitado este jueves la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, una revisión de la Operación Reforzada puesta en marcha tras el apagón del pasado 28 de abril y la ampliación del esquema de exenciones y compensaciones vigente.
En una nota de prensa conjunta, ambas patronales advierten de que la guerra de Irán y su impacto en los mercados internacionales está provocando una "notable inestabilidad" en las cotizaciones del gas natural, con efectos directos tanto sobre la autonomía energética del país como sobre la competitividad de la industria nacional.
Ante este contexto, las dos asociaciones reclaman la puesta en marcha de "medidas estructurales", entre ellas la supresión del IVPEE, al considerar que contribuiría a abaratar de forma significativa los costes energéticos del tejido industrial, en particular para las compañías con un consumo intensivo de electricidad.
Asimismo, instan a revisar los componentes de la factura eléctrica que no estén ligados de forma directa al suministro, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, y a modificar la Operación Reforzada aprobada tras el apagón, debido a su fuerte dependencia del gas natural, un hidrocarburo especialmente castigado en el actual escenario bélico.
"Su eliminación generaría importantes ahorros a la industria, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables", ha afirmado el comunicado.
De igual modo, reclaman una revisión del esquema de financiación de los costes de los mercados de operación del sistema eléctrico, al considerar que merma la rentabilidad de la industria a través de las restricciones técnicas. Aege y Aelec plantean analizar alternativas regulatorias "más estables y previsible" para los cargos que sostienen el sistema eléctrico.
Por último, proponen restituir la exención del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, a compensar vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), y maximizar la compensación de emisiones de CO2 para los consumidores industriales expuestos al riesgo de fuga de carbono, lo que, a su juicio, evitaría "la brecha existente en los costes de producción con los países de nuestro entorno y fomentaría [...] la electrificación".