QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Aena ha expresado su preocupación por los «efectos nocivos» que podría enfrentar tanto la empresa como el entramado aeroportuario español si se aprueba la enmienda propuesta por el Partido Popular al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta modificación está pendiente de confirmación en el pleno del Congreso de los Diputados.
Según un comunicado de la empresa, «Si el texto de esta enmienda fuera ratificado, con posterioridad, en el pleno del Congreso de los Diputados, su entrada en vigor y la aplicación última de lo que en ella se recoge desfigurarían la consistencia microeconómica y reglada (no discrecional) de la regulación económica de Aena y, concomitantemente, podrían producir efectos nocivos en el sistema aeroportuario español y en Aena».
La revisión necesaria a raíz de esta enmienda implicaría una reevaluación del plan de inversiones reguladas previsto para el período 2027-2031, que asciende a 9.991 millones de euros. Esta reevaluación buscaría adaptar las inversiones a los límites impuestos por las nuevas tarifas establecidas en la enmienda. Específicamente, el consejo de administración tendría que ajustar el volumen y la distribución de las inversiones, tanto por aeropuertos como por materias y también reorganizar su calendario de ejecución.
La enmienda aprobada por el Senado sugiere mantener congeladas las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031 y exige la creación de un nuevo plan de incentivos en acuerdo con el sector. Aena ha recordado que las tarifas actuales son de 10,35 euros, menores a los 11,11 euros de 2015 y que, ajustadas por inflación, han disminuido más del 36% en la última década.
Aena recalca que la revisión del plan de inversiones «sería un ‘acto debido’ que evitaría un incumplimiento de su deber fiduciario a la luz de la restricción económica y financiera que la enmienda legislativa impondría sin fundamento a Aena en los próximos años».
El 18 de septiembre, Aena detalló su propuesta de inversión para los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031, estimando un total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones serían inversiones reguladas en el marco del futuro Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora 3). A partir de 2027, la inversión regulada anual podría incrementarse hasta los 2.000 millones de euros, cuadriplicando la inversión máxima legal permitida hasta 2025.
