Aena ha sufrido un notable descenso del 5,4% en el Ibex 35 al concluir la jornada bursátil de este miércoles, tras advertir la noche anterior sobre los ‘efectos nocivos’ que podría enfrentar tanto la empresa como el sistema aeroportuario español si se confirma la enmienda del PP en el Pleno del Congreso de los Diputados. Esta modificación en la Ley de Movilidad Sostenible pretende mantener fijas las tasas aeroportuarias desde 2027 hasta 2031.
Las acciones de Aena, lideradas por Maurici Lucena, han disminuido su valor hasta los 22,44 euros por acción, aunque la empresa aún registra un incremento anual del 13,68%, con una valoración de mercado de 33.660 millones de euros.
En una comunicación emitida por Aena, se explicó que ‘si el texto de esta enmienda fuera ratificado, con posterioridad, en el Pleno del Congreso de los Diputados, su entrada en vigor y la aplicación última de lo que en ella se recoge desfigurarían la consistencia microeconómica y reglada (no discrecional) de la regulación económica de Aena y, concomitantemente, podrían producir efectos nocivos en el sistema aeroportuario español y en Aena’.
De ser aprobada definitivamente, esta nueva normativa obligaría al consejo de administración a replantear la propuesta de inversiones reguladas previstas en 9.991 millones de euros para el período 2027-2031, ajustándolas al límite impuesto por las nuevas tarifas. Esta revisión implicaría cambios en el volumen de inversión, así como en su distribución por aeropuertos y en los plazos de ejecución.
La enmienda del Senado, que busca mantener las tasas aeroportuarias en su nivel actual entre 2027 y 2031, también solicita la creación de un nuevo plan de incentivos en consenso con el sector. Aena ha puntualizado que sus tarifas actuales son de 10,35 euros, más bajas que los 11,11 euros de 2015, y que, ajustadas por la inflación, han descendido más del 36% en la última década.
Finalmente, desde Aena se ha reiterado que cualquier ajuste en el plan de inversiones sería un ‘acto debido’ para evitar incumplimientos de sus obligaciones fiduciarias ante las restricciones que la enmienda impondría de forma injustificada en los próximos años.