El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, ha marcado este jueves distancias con la petición del Gobierno de Canarias de participar en la gestión a través del consejo de administración del gestor aeroportuario, al recordar que se trata de una “decisión de los accionistas”, si bien ha reiterado que ya hay “mecanismos de coordinación, de interlocución y de diálogo”.
Durante una rueda de prensa para detallar el plan de inversiones en los aeropuertos canarios con cargo al DORA III, Marín ha señalado que cada institución implicada en la planificación y explotación de las infraestructuras aeroportuarias debe asumir su “rol”. Ha puesto como ejemplo al Cabildo de Tenerife, con el que se ha trabajado conjuntamente en los proyectos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.
Según Marín, el papel del Gobierno de Canarias es “muy importante”, dado que las actuaciones de mayor envergadura están sujetas a declaración de impacto ambiental, un trámite que, ha dicho, conviene que se “acorte” lo máximo posible para no retrasar las obras.
Ha avanzado, además, que en los próximos días se convocará un comité de coordinación aeroportuaria para exponer el DORA “en profundidad” y que las administraciones y los agentes económicos “puedan opinar” sobre el nuevo marco regulatorio e inversor.
En relación con este asunto, ha remarcado que Aena opera como una única red y no dispone de “cuentas separadas” por aeropuerto, aunque “evidentemente” algunos generan más ingresos que otros. Desde la óptica de la gestión, ha insistido, el funcionamiento es conjunto.
“Nosotros vamos a pedir recursos financieros a bancos o vamos a emitir bonos para hacer la inversión de toda la red y eso nos permite tener unos costes financieros muy por debajo de lo que sería si se tuvieran que financiar los aeropuertos canarios o los aeropuertos baleares”, ha explicado, defendiendo que este esquema permite optimizar la financiación.
Ha sostenido que este modelo ha permitido atender la demanda en los aeropuertos españoles “sin ninguna limitación”, especialmente en Canarias, donde las tarifas aeroportuarias son “que claramente son muy, muy competitivas y no limitan de ninguna forma el crecimiento”.
Para el directivo, “la mejor prueba es que el año pasado tuvimos 320 millones de pasajeros en la red española, es decir, España es el primer país europeo por volumen de pasajeros, es el país que más ha recuperado después de la pandemia, entre el año 2025 y el año 2019, el crecimiento de pasajeros en estos 320 millones ha sido de un 17%”.
En esta línea, ha advertido de que “nadie haga las cuentas de cortar en trocitos las cuentas actuales de Aena porque esto separado sería mucho más ineficiente porque no tendría las ventajas y las sinergias que tiene una red como la actual española”.
Subida de tasas y competitividad de los aeropuertos canarios
En cuanto al debate sobre las tasas aeroportuarias, Marín considera que un incremento de “40 céntimos” no afecta “para nada” a la competitividad de los aeropuertos de Canarias —30 céntimos más otros 10 en los vuelos interinsulares— y ha atribuido las críticas en las islas a “tiempos pasados” en los que se asociaba directamente tasa y precio del billete.
Ha recordado que, en la última década, las aerolíneas de bajo coste han encarecido los billetes entre 15 y 20 euros de media mientras las tarifas aeroportuarias han permanecido “congeladas”, por lo que entiende que la cuestión es “por qué suben” los precios, algo que ha vinculado a factores como el combustible o el coste de los aviones.
Marín ha añadido que es de “sentido común” asumir que las tasas no son el elemento que hace perder competitividad, y ha puesto como ejemplo el programa inversor de 1.800 millones previsto en Canarias para el próximo quinquenio como palanca real de mejora de la calidad y capacidad de los aeropuertos.
“Cuando hablamos de porcentajes, pues pueden parecer mucho o poco pero es que son céntimos lo que se sube”, ha insistido, recalcando que las tarifas no representan “ningún problema” en los aeropuertos españoles, ya que no condicionan la demanda de tráfico aéreo.
Ha subrayado, asimismo, que la revisión al alza de las tarifas responde a una obligación legal supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se aplica a toda la red aeroportuaria y cuya parte principal deriva de “atrasos” correspondientes a importes que las compañías aéreas dejaron de abonar hace dos años.