Aena ha comunicado que realizará un seguimiento estrecho del preacuerdo alcanzado el pasado lunes entre la Administración General del Estado y el Gobierno Vasco para la cogestión de los aeropuertos situados en Euskadi, un texto que debería concretarse antes de Semana Santa. La compañía subraya que, “en su caso, si fuera preciso”, adoptará las medidas que considere oportunas para defender la correcta aplicación de la normativa vigente.
Además, la empresa recuerda que el Ministerio de Transportes ha precisado que dicho entendimiento no implicará una reforma legal ni supondrá “alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular” para los aeródromos vascos.
La secretaria del Consejo de Administración de Aena, Elena Roldán Centeno, ha remitido una comunicación al mercado, al amparo del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. En ella alude a las informaciones publicadas sobre el acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco, en el seno de la Subcomisión Bilateral de gestión e infraestructuras aeroportuarias, relativa a la participación de Euskadi en los aeropuertos de su territorio.
La compañía recuerda que, tal y como ya expuso en las comunicaciones de Otra Información Relevante (“OIR”) de 30 de julio de 2024 y 26 de septiembre de 2025, mantiene “un seguimiento atento, constante y pormenorizado de las decisiones” que puedan adoptarse respecto a los aeropuertos de su propiedad, con el fin de evaluar sus posibles implicaciones para la Sociedad.
Fruto de este análisis continuo, Aena traslada al mercado que, según aclaró el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota publicada en su web, el acuerdo “no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, sino que se inserta en el marco de la participación y comunicación de las Comunidades Autónomas contemplado en la Ley 18/2014, que tiene carácter consultivo y no decisorio”.
La Sociedad insiste en que, como ya señaló en el OIR del 26 de septiembre de 2025, desde la difusión del primer OIR sobre esta cuestión, el 30 de julio de 2024, Aena ha desarrollado “una intensa” labor de advocacy, trasladando de forma permanente a las administraciones competentes “la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español”.
Defensa de la red y del modelo de gestión
Aena reivindica “la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos, fundamental para el buen funcionamiento de la economía española; los derechos legales que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, “la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial” de la compañía “proporcionan al sistema aeroportuario y a la Sociedad” y que, “en todo caso, han de ser respetados”.
La empresa añade que “perseverará en su labor de seguimiento de las novedades y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.
Posición del Ministerio de Transportes
Tras la cuarta reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma Vasca, celebrada el pasado lunes, se alcanzó un principio de acuerdo sobre el documento de participación en las infraestructuras aeroportuarias de Euskadi. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señaló en una nota de prensa que este entendimiento no conlleva cambios legales.
El Departamento enmarcó el pacto en el sistema de participación y comunicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general de la red de Aena previsto en la Ley 18/2014, que no requiere modificación. En este contexto, detalló que “se establece un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria para favorecer el adecuado funcionamiento y el desarrollo de su actividad en el territorio” de Euskadi.
“Todo ello se lleva a cabo dentro del marco jurídico y competencial vigente, facilitando y contribuyendo a la implicación interinstitucional y a una mayor competitividad del sistema aeroportuario en el territorio de la Comunidad Autónoma, con respeto a las competencias de cada institución”, subrayó el Ministerio.
Asimismo, recalcó que el documento pactado “no supone una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco”, y añadió que ello “permitirá mejorar las sinergias entre los aeropuertos de interés general situados en Euskadi y su complementariedad con el resto de las infraestructuras del transporte y logísticas del territorio”.
De este modo, defendió que “se refuerza la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales, así como en otras políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario”.
Preacuerdo político y cogestión
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, responsable de las negociaciones sobre las transferencias a Euskadi, anunció el lunes que se había logrado un preacuerdo con el Ejecutivo central para la cogestión de los aeropuertos, confiando en que se ratifique antes de Semana Santa en la reunión bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales.
En ese encuentro se decidió crear un órgano bilateral entre Euskadi y el Estado en materia aeroportuaria como una “herramienta para la colaboración, la coordinación y la gestión”. Entre los elementos pactados, Ubarretxena resaltó la capacidad de decisión del Gobierno Vasco en el plan de inversión de Aena para 2027-2031, conocido como Dora III, que prevé destinar 12.888 millones de euros a los aeropuertos españoles.
Asimismo, avanzó el acuerdo para poner en marcha un 'sandbox' —un marco regulatorio— en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, al que calificó como “especial, propio y transitorio”. En este sentido, el 'sandbox' contempla “una especie de banco de pruebas” para concretar la propuesta del Gobierno Vasco en materia aeroportuaria y “potenciar” el aeropuerto de Vitoria.