La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha arremetido este miércoles contra el Ejecutivo por volver a incorporar la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos en un Real Decreto-ley que, previsiblemente, se someterá a votación el próximo día 27, integrando esta iniciativa “de forma estratégica” junto a la subida de las pensiones para 2026 y otras medidas incluidas en el denominado “escudo social”.
La entidad denuncia esta “trampa legislativa” a la que ha recurrido el Gobierno para “blindar una política que fomenta la impunidad de ocupas e inquiocupas y la desprotección del pequeño propietario”.
“El Gobierno nos engaña: no se responsabiliza de las familias vulnerables. Con esta nueva prórroga, pretende extender la paralización de desahucios y lanzamientos hasta el cierre de 2026, lo que supone alcanzar el séptimo año consecutivo de ejecución de una medida que nació con carácter extraordinario y temporal durante la pandemia de 2020”, sostiene la plataforma en un comunicado.
Desde la organización recalcan que, al no acompañar la prórroga de la suspensión de desahucios con partidas económicas específicas ni con un mecanismo de compensación rápido, el Ejecutivo “está trasladando el coste de la paz social a los ciudadanos particulares que tienen una única vivienda en alquiler”.
“Es inadmisible que el Gobierno se declare protector de los vulnerables usurpando las casas de otros”, afirma la plataforma, que alerta de que, sin inversión en parque público de vivienda ni recursos suficientes para los servicios sociales, “el Gobierno no está ayudando a nadie; solo está cronificando el conflicto y alimentando la inquiocupación y la ocupación”, insiste la organización.
Críticas al decreto ómnibus y llamamiento al rechazo
La plataforma reprocha además que, al incluir esta prórroga en un decreto ómnibus, el Ejecutivo busque “forzar” la posición del resto de formaciones e impedir que cada propuesta pueda ser discutida y votada por separado, “obligando a las fuerzas políticas a elegir entre apoyar ayudas sociales necesarias o validar el atropello a la propiedad privada”.
En esta línea, considera que el Gobierno no solo está rehuyendo su obligación de aportar soluciones de fondo al problema de la vivienda, “sino que utiliza la emergencia social como un chantaje político donde, una vez más, los sacrificados son siempre los pequeños tenedores”.
La organización subraya que el decreto no recae sobre los grandes propietarios, sino que impacta sobre todo en familias trabajadoras con una sola vivienda en alquiler, que representan el 93,4% del mercado arrendatario en España.
“No se puede consentir que usurpen de facto el uso de la vivienda a familias que dependen de esa renta para su propio sustento”, sostiene la plataforma, que ha pedido a los grupos parlamentarios que voten en contra del decreto ómnibus el próximo día 27.
A su juicio, el derribo de esta norma “es la única vía efectiva para forzar al Gobierno a rectificar y desvincular” la paralización de los desahucios del resto de medidas sociales.
“Sólo a través de esta separación será posible abordar de manera rigurosa y específica la crisis habitacional sin que ello suponga un perjuicio sistémico para los ciudadanos que ejercen de escudo social ante la inacción del Gobierno”, remarcan.
La plataforma reitera que el bienestar social no puede levantarse sobre la “vulneración” del derecho de propiedad y apuesta por cimentarlo en políticas públicas responsables, como ayudas directas al alquiler o el realojo en viviendas de titularidad pública.
“Votar en contra de este decreto es, en última instancia, un acto de coherencia y justicia para con ese 93,4% de pequeños propietarios que hoy se encuentran hundidos económica y anímicamente ante un decreto que les obliga a mantener a familias vulnerables e inquiocupas (...) No permitan que, por séptimo año consecutivo, miles de familias trabajadoras paguen con el ahorro de toda una vida un problema que el Gobierno sigue sin resolver”, concluye la organización.