La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha mostrado su malestar por el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, al considerar que sitúa al pequeño inversor con tres viviendas en el mismo nivel que los grandes fondos de inversión o las entidades financieras, “incluyéndolos a todos en el mismo saco de 'gran tenedor' facilitando al gobierno que puedan seguir disponiendo de sus viviendas para hacer la función social del escudo social”.
La entidad sostiene que la formulación del decreto en lo relativo al realojo de personas vulnerables se convierte, en la práctica, en “una vía muerta”, ya que, subraya, “no hay vivienda pública disponible para estos realojos”.
“Tememos que, bajo la apariencia de una exención, el Gobierno siga bloqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la administración mira hacia otro lado”, apunta la plataforma, que denuncia que el decreto mantiene la inseguridad jurídica para los dueños.
Asimismo, la organización plantea que pueden darse casos en los que sea el propio titular de la vivienda quien deba acudir a los servicios sociales para pedir un recurso habitacional, pese a contar con un inmueble inquiocupado que no puede recuperar.
En la misma línea, la plataforma argumenta que el mecanismo de compensaciones económicas “no ha sido, ni será jamás, una herramienta eficaz ni suficiente para paliar este atropello”, al referirse a las ayudas al propietario vinculadas a la paralización de los desahucios.
Por último, la organización sostiene que este nuevo decreto “decreto sigue cometiendo el error sistémico de elevar la vulnerabilidad a la categoría de salvoconducto judicial, sin entrar a fiscalizar el origen de dicha situación ni la forma de entrar o permanecer en la vivienda”, ya que no diferencia entre quienes atraviesan “un revés sobrevenido y quien utiliza la 'vulnerabilidad fingida' como estrategia premeditada'.