La Plataforma de Afectados por la Ocupación mantiene la esperanza de que el nuevo Real Decreto-ley del 'escudo social' no salga adelante en la votación prevista para mañana en el Congreso, al considerar que la mayoría parlamentaria formada por PP, VOX, Junts y UPN podría rechazarlo.
En una nota remitida a los medios, la plataforma ha reiterado su oposición al nuevo Real Decreto-ley del 'escudo social' que se someterá a convalidación en la Cámara Baja y que contempla, entre otros aspectos, la prórroga durante este año de la moratoria antidesahucios para personas vulnerables.
Desde la organización sostienen que, con esta nueva extensión, el Ejecutivo continuará "condenando" a quienes llevan años padeciendo la 'inquiocupación'.
"Nos encontramos ante una situación que ha sobrepasado cualquier límite de la lógica legislativa: este decreto vuelve a renovarse por séptimo año consecutivo, una cifra que despoja a la medida de toda excepcionalidad y temporalidad", ha señalado el portavoz de la Plataforma, Ricardo Bravo, en el comunicado.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha criticado que, en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-ley, el Gobierno incorpore un redactado que, en la práctica, implica la paralización de los desahucios anteriores al 27 de enero de 2026, fecha en la que decayó la norma previa, lo que a su juicio supone un "engaño" tanto para el PNV como para todas las personas afectadas por la 'inquiocupación'.
Además, ha subrayado que, aunque el nuevo decreto deja fuera de la suspensión a los dueños de 1 o 2 inmuebles, continúa siendo un "ataque frontal" a la clase media al equiparar a los propietarios de solo tres viviendas con los grandes tenedores y los fondos de inversión.
Según la plataforma, el texto insiste en un esquema de compensaciones que ha demostrado ser completamente "ineficaz" e "injusto", mientras el Gobierno sigue sin promover parque de vivienda pública ni activar de oficio el abono directo de los alquileres que se encuentran suspendidos.
Por este motivo, la organización reclama al Ejecutivo la puesta en marcha de un mecanismo "ágil" y con una dotación presupuestaria "específica" destinado a atender a todas las familias vulnerables inmersas en procesos de desahucio.