La Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación ha realizado este lunes un llamamiento de urgencia a los grupos parlamentarios para que este martes emitan un voto en contra en el Pleno del Congreso a la convalidación del decreto “ómnibus”, ya que, entre sus disposiciones, contempla la prórroga de la paralización de los desahucios.
A juicio de la plataforma, esta medida no sólo “protege a ocupas e inquiocupas”, sino que, además, “deriva las funciones del escudo social a pequeños propietarios”.
En un comunicado, la organización ha denunciado que, tras mantener contactos con PP, Vox, PNV, Junts y Coalición Canaria, “el bloque del Gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos”.
En esta línea, la plataforma explica que, pese a solicitar una reunión formal con Sumar, no obtuvo ninguna contestación, “confirmando el desprecio de la formación hacia las miles de familias atrapadas en la ocupación e inquiocupación”, denuncia.
Asimismo, la entidad ha expresado su malestar a distintos sectores del PSOE y, después de varias reuniones que califica de “estériles”, sostiene que existe “una fractura evidente dentro de las filas socialistas”.
“Mientras diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y en la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida”, sostienen desde la plataforma.
Para esta organización, resulta “indignante” que el Gobierno mantenga “un muro y un silencio atronador” con las víctimas de la ocupación. “Llevamos más de cuatro años solicitando mensualmente una reunión con los ministerios competentes (Vivienda y Justicia) sin éxito”, asegura.
La plataforma considera que la inclusión de la prórroga de la suspensión de desahucios dentro del decreto ómnibus que se somete a votación mañana supone un “auténtico chantaje legislativo”, ya que el Gobierno recurre a medidas de amplio consenso social, como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte, para “forzar un único voto de aprobación o rechazo al pack de medidas, que también oculta la protección a ocupas e inquiocupas”.
“Sin casas ni recursos, el escudo social no es más que una transferencia forzosa de la responsabilidad del Gobierno a pequeños propietarios que tienen que asumir hasta el gasto de los suministros de quienes ocupan sus viviendas. Las consecuencias de esta política son patentes en el mercado del alquiler. La inseguridad jurídica generada por el miedo a la ocupación e inquiocupación está provocando una retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler y reduciendo la oferta a mínimos históricos”, advierte la plataforma.